Foto: Radio Trece
La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo (PRD), presidenta de la Comisión de la Reforma Agraria, destacó la importancia de que en la definición del Presupuesto 2014 “el desarrollo agrario no se quede solamente en el papel y se tengan los recursos suficientes para crear infraestructura en el campo”.
Propuso una reingeniería financiera para el Programa Especial Concurrente (PEC), a fin de que el año próximo el 50 por ciento de sus recursos se destine a apoyar a los comuneros, ejidatarios y pequeños productores. En este año recibieron menos del 30 por ciento, mientras el 70 por ciento restante se destinó a la agroindustria, pese a representar una minoría en la producción agrícola nacional.
Durante una reunión de trabajo con el titular de la Procuraduría Agraria, Cruz López Aguilar, la diputada Mota Ocampo reseñó una propuesta para el Programa Nacional Agrario hecho por la Comisión que preside, de la cual destacó la necesidad de simplificar las reglas de operación, apoyar el extensionismo rural, orientar los subsidios al agro mediante un programa de crédito a pequeños productores y reestructurar todas las áreas del Ejecutivo que impactan al campo para coordinar esfuerzos.
El priista José Antonio Rojo García de Alba, presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, manifestó su solidaridad y disposición para evaluar, en coordinación con las demás instancias legislativas relacionados con el agro nacional, la necesidad de incrementar el presupuesto para la Procuraduría Agraria.
Aseguró que el presupuesto proyectado por el sector para 2014 “viene bien” y adelantó que de los más de 12 mil millones de pesos propuestos para el PEC, 9 mil son para el PEC Productivo y 6 mil más para la Sagarpa.
Alliet Mariana Bautista Bravo del PRD, presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, demandó que los 26 programas del sector no desaparezcan y se coordinen mejor para hacerlos más eficientes.
La perredista Gloria Bautista Cuevas, presidenta de la Comisión Especial de Asuntos Alimentarios, afirmó que para tener un México en paz y con justicia es necesario apoyar e invertir en el campo. “Es una vergüenza que haya más de 50 millones de mexicanos pobres, y que más de 20 millones tengan hambre con tanta tierra disponible para sembrar”.
Se pronunció por cambiar las reglas de operación que impiden el acceso a los recursos y alentar las cooperativas agrarias. “No es cuestión de colores ni de partidos, sino de abatir la pobreza y garantizar la alimentación”, aseguró.
El priista Abraham Montes Alvarado propuso que el Poder Legislativo trabaje en coordinación con el Ejecutivo para fortalecer a las comunidades indígenas y al ejido, los cuales no se favorecen con las reglas de operación, pues los dejan fuera de los beneficios económicos. Además, destacó la importancia de que los instrumentos jurídicos se fortalezcan para garantizar la solución de conflictos comunitarios que prevalecen aún por la tenencia de la tierra.
José Luis Esquivel Zalpa (PRD) exigió que la Procuraduría Agraria solucione estos añejos conflictos, algunos con más de 100 años de antigüedad, que limitan la producción agrícola. “No se puede hablar de desarrollo del campo sin una certeza en la propiedad de la tierra. En el Siglo XXI la gente no tiene por qué matarse para defender la tierra”, advirtió.
El diputado Jesús Morales Flores (PRI) apuntó que la Procuraduría Agraria adquiere relevancia porque aún existen muchos asuntos qué resolver, a fin de dar seguridad jurídica a ejidatarios y pequeños productores, en los que recae la mayor obtención de alimentos en el país.
El priista Blas Rubio Lara reconoció también la importancia de la Procuraduría como defensora de oficio de los hombres del campó y destacó el papel que juega en la regulación de la tenencia de la tierra en las zonas conurbadas de muchas entidades del país. Además, aseguró que todavía existen ejidos sin documento que avale la propiedad de la tierra y dé certidumbre a viudas e hijos.
Darío Zacarías Capuchino, diputado del PRI, reconoció la reestructuración emprendida por la institución en busca de impartir justicia agraria ágil y abatir el rezago, por lo que demandó un mayor presupuesto para dotarla de equipo técnico y material.
Benjamín Castillo Valdez, de la misma fracción parlamentaria, urgió a fortalecer la Procuraduría Agraria con un presupuesto sólido.
La perredista Yazmin de los Ángeles Copete Zapot demandó “caminar más rápido en la certeza jurídica de comuneros, viudas e hijos”, mediante acciones contundentes de las dependencias del sector agrario; se pronunció además por no desaparecer “de un plumazo” los programas del campo.
María Concepción Navarrete Vital, legisladora del PRI, sostuvo que el agro nacional se encuentra en una “quiebra estática” por la falta de inversión para producir, a pesar de tener una gran diversidad de climas y potencial productivo en el país.
El priista Darío Badillo Ramírez solicitó al procurador López Aguilar resuelva en la Huasteca hidalguense el problema generado en la década de los 80s, cuando se invadieron terrenos de pequeños propietarios; a la fecha, más de 50 de ellos no han logrado obtener la indemnización correspondiente.
Oscar Bautista Villegas, del PRI, aseveró que “más vale invertir el recurso necesario para mantener la paz en el país”, al expresar su apoyo para que la Procuraduría Agraria reciba más presupuesto.
Tres sexenios sin inversión en infraestructura agraria
En su turno, el procurador agrario apuntó que para superar el rezago y retomar el impulso real del campo mexicano, el trabajo de la institución que encabeza es muy importante, “porque sus decisiones impactan en la certidumbre jurídica de los productores para lograr un México en paz y próspero”.
El procurador indicó que desde hace tres sexenios no se ha invertido para crear infraestructura en los núcleos agrarios, y coincidió con los diputados federales en aplicar una reingeniería en el PEC para que el financiamiento se entregue a los pequeños campesinos.
Es decir, continuó, que estos “se conviertan en sujetos de derecho agrario para que mejoren y no se queden sólo con la contaminación y erosión de la tierra, sino que participen en los eslabones del proceso productivo, a través de los programas de inversión público-privado, y de las líneas de crédito para la minería, turismo y ecología”.
En entrevista, López Aguilar consideró que dar certidumbre jurídica a los campesinos es vital para alentar la producción agrícola de forma integral, por lo que al cierre de este año la Procuraduría Agraria terminará con el rezago de un millón y medio en la entrega de títulos y certificados de propiedad. Asimismo, distribuirá 250 mil expedientes pendientes.
Al referirse a la proyección de recursos para la Procuraduría Agraria 2014, los estimó en mil 741 millones de pesos, es decir, 600 millones adicionales a los 803 etiquetados para este año. Durante 13 años, afirmó, no ha registrado ningún incremento; por el contrario, sufrió una reducción del 65 por ciento de recursos y de personal.
López Aguilar informó que dicho presupuesto se destinaría a la creación de 535 plazas, (520 para la estructura técnica: visitadores y abogados agrarios, y solo 15 para jefes de residencia); adquisición de vehículos, ya que las actividades de las delegaciones de la Procuraduría Agraria se realizan en el campo y en terrenos complicados, y en la adquisición de equipo de cómputo, en virtud de que el actual es obsoleto.
Entregó a los legisladores federales de la Comisión de la Reforma Agraria la propuesta de recursos de la Procuraduría; además, informó que impulsará un programa de capacitación y profesionalización mediante diplomados, maestrías y doctorados que ofrecerán la UNAM, UAM, Chapingo, y casas de estudio de Chiapas y otras entidades, sin costo alguno para la Procuraduría Agraria.
=Cámara de Diputados=
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