Foto: No al maltrato
El Internet permite que la pornografía infantil se convierta en un delito invisible y difícil de perseguir, por lo que falta una legislación al respecto y personal capacitado para acreditar este crimen, dijo Nelly Montealegre, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).
Al participar en el encuentro “Herramientas para la prevención de la trata y la explotación infantil y juvenil en redes sociales”, realizado en la Cámara de Diputados, la fiscal explicó que a través de las redes sociales, foros virtuales y la mensajería instantánea se cometen delitos sexuales que se deben investigar.
Montealegre señaló que a fin de dar respuesta a la pornografía y la explotación sexual infantil que circula en la web, Fevimtra creó un área especializada en delitos electrónicos que cuenta con cinco ministerios públicos, sin embargo explicó que aún es insuficiente porque el personal debe especializarse.
Apuntó que el reto de investigar delitos cibernéticos es que internet es un espacio de anonimato porque aquellos que se dedican a explotar a niñas y niños en redes sociales crean foros virtuales que después de un tiempo desaparecen, se conectan a la red desde computadoras fuera de su casa o bien enmascaran su dirección IP (número que identifica a una computadora) para no ser detectados.
A la fecha, el equipo de Fevimtra especializado en delitos electrónicos localizó a 276 niñas, niños y mujeres, pero de acuerdo con la fiscal aún enfrentan dificultades para investigar la pornografía infantil en la web, e incluso se pueden tardar hasta dos años en indagar un caso debido al anonimato y volatilidad de las redes.
Ante esto Nelly Montealegre llamó al Legislativo a considerar un marco legal para que la autoridad pueda acreditar la trata o la pornografía en internet, porque si bien existe la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, se puede dar el caso de que por su inexacta aplicación los acusados queden en libertad.
Como ejemplo señaló que para acreditar el delito de trata, de acuerdo con la actual ley, es necesario que el presunto responsable obtenga un beneficio económico, sin embargo han observado que hay pederestas que difunden, fotografían, videograban o comparten pornografía infantil, pero no buscan recursos económicos.
Montealegre agregó que es necesario que exista una obligación legal para que las autoridades exijan a los proveedores de internet que resguarden y presenten información en caso de ser requerida cuando se investiga un caso. Además que esto serviría para tener un registro que permita conocer de qué tamaño es el problema y cómo enfrentarlo.
Por otra parte mencionó que para investigar estos delitos es imprescindible el conocimiento de herramientas forenses adecuadas, e incluso la intervención del recién creado Instituto Federal de Telecomunicaciones para que, conforme a sus atribuciones, pueda contribuir en la lucha contra este crimen.
La titular de Fevimtra abundó que los jueces también deben considerar que la pornografía infantil en Internet no es un delito tradicional y que la evidencia debe ser otra porque en ocasiones las pruebas son miles de imágenes que se archivan en discos duros o “nubes” (almacenamiento virtual) y que no están disponibles en papel, o bien, tomar en cuenta que las huellas digitales no acreditan que una persona trasmitió imágenes en la red.
Para ello y a fin de dar certeza para que los jueces den sentencias firmes, la fiscal señaló que debe existir una traducción legal y jurídica de las evidencias digitales a fin de lograr que la Fevimtra no siga “trabajando en blanco” en casos de delitos cibernéticos, es decir sin protocolos claros sobre la investigación electrónica.
=AGM=
(CIMAC)
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