Foto: AM Querétaro
La participación de las mujeres en la distribución y venta de drogas ilícitas en América va en incremento y se da en los puestos más vulnerables de la cadena, es decir en la venta al menudeo o como “mulas” (transportadoras de pequeñas cantidades de estupefacientes), lo que las expone a la violencia y la criminalización.
La intervención de las mujeres en estos delitos está motivada por dificultades económicas, pues en general ellas son jefas de familia o viven en la pobreza.
A fin de contribuir a una nueva política de combate a la venta y consumo de drogas, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) –perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA)– presentó el informe “Mujeres y drogas en las Américas. Un diagnóstico de política en construcción”.
En el documento, la CIM sostiene que las medidas adoptadas para eliminar la producción de drogas ilícitas en los países de América son ineficaces y exponen a las mujeres a ser estigmatizadas o criminalizadas, pues ellas se integran a este mercado en busca de mejores condiciones económicas o para proteger a su familia.
No obstante, la mayoría de ellas termina en prisión por delitos menores relacionados con la venta de drogas, debido a que muchas de ellas se dedican al narcomenudeo.
De acuerdo con el reporte, ha aumentado el número de mujeres condenadas por narcotráfico, ya que del total de 549 mil 577 personas privadas de la libertad en el continente por este motivo, 30 mil 39 son mujeres (6.6 por ciento del total).
Tanto para los hombres (24.8 por ciento) como para las mujeres (53.9 por ciento), el tráfico de estupefacientes (no a nivel internacional) es el principal motivo de encarcelamiento, aunque para ellas la proporción en comparación con otros delitos es mucho mayor.
Por ejemplo, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas destaca que del total de 13 mil 654 personas en esta situación, mil 724 son mujeres y 48 por ciento de ellas está por delitos de drogas. Mientras que de la población masculina, 24 por ciento está privada de la libertad por este tipo de ilícitos.
La CIM destaca que un porcentaje considerable de estas mujeres están en la cárcel debido a consecuencias directas o indirectas de pobreza absoluta y/o discriminación, son separadas de su familia y segregadas de la sociedad.
Esto debido a que las políticas actuales contra las drogas no han sido pensadas desde una perspectiva de género o de Derechos Humanos que considere que el encarcelamiento masivo o criminalización de quienes producen, venden o distribuyen las drogas, tiene un impacto diferencial sobre las mujeres, pues su encarcelamiento genera consecuencias no sólo para ellas sino también para sus familias.
El informe concluye que es necesario repensar las políticas antidrogas y visibilizar las características de la población femenina que participa en estos delitos, pues “después de 50 años de una política de drogas focalizada en la erradicación de la industria mundial de las drogas ilícitas, y a pesar de los miles de millones de dólares gastados en medidas legales de represión, numerosos arrestos y encarcelamientos y un incalculable número de muertes, los niveles de oferta y demanda de drogas no han disminuido”.
=CIMAC=
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