Foto: CNDH
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) considera necesario impulsar políticas públicas, modelos, programas y servicios que reintegren a las personas adultas mayores, sus derechos humanos y logren abatir cualquier situación de abandono, marginación o desigualdad.
Mediante un comunicado, este Organismo público autónomo alertó sobre la situación provocada por una acelerada transición demográfica. Según cifras oficiales, en México viven actualmente 10.1 millones de adultos mayores, es decir, nueve por ciento de la población total; y de cada 100 hogares, 27 están integrados por al menos una persona de 60 años y más.
Tres y medio millones de adultos mayores de 65 años viven en pobreza y entre ellos, más de 800 mil en la marginación extrema, mientras que la ausencia de políticas públicas adecuadas para este sector de la población hace más compleja esta situación que afecta a quienes, alguna vez fueron productivos para su país, y hoy apenas logran sobrevivir.
En 2020 se prevé que uno de cada seis mexicanos sea persona adulta mayor y para 2050 uno de cada tres; para ese entonces 41.4 millones de habitantes rebasarán los 60 años.
La Comisión Nacional asegura que al igual que las demás personas, los adultos mayores tienen todos los derechos que se encuentran reconocidos tanto en nuestra Constitución Política como en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales.
Dentro de sus múltiples acciones para auxilio de este grupo de la población, la Comisión Nacional, elaboró la Cartilla “Los Derechos Humanos de los adultos mayores”, de la cual ha distribuido varios miles de ejemplares.
En ella se mencionan los 21 principales derechos de estas personas que son útiles y capaces de tener una vida propia e independiente; entre ellos destacan: el derecho a no ser discriminadas en razón de su edad; a ser tratadas por la autoridad con dignidad y respeto, y recibir la atención y la protección que requieran por parte de la familia y de la sociedad.Recibir el apoyo de las instituciones creadas para su atención; ser protegidas y defendidas contra toda forma de explotación y maltrato físico o mental; mantener su vida libre de violencia; vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, en los que puedan satisfacer sus necesidades; expresar su opinión con libertad y participar en el ámbito familiar y social.
Contar con asesoría jurídica gratuita y oportuna, además de un representante legal o de su confianza cuando lo consideren necesario, poniendo especial cuidado al realizar su testamento, a fin de proteger su patrimonio personal y familiar.
Recibir información sobre las instituciones que prestan servicios para su atención integral; recibir atención médica en cualquiera de las instituciones del Sistema Nacional de Salud; ser integradas a los programas de asistencia social cuando se encuentren en situaciones de riesgo o abandono.
En el caso de que un servidor público maltrate a una persona adulta mayor se podrá presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o, en su defecto, ante las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, que cuentan con servicios de asesoría u orientación.
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