Foto: Blog Cuauhnahuac
El juez federal Mauricio Zerón de Quevedo concedió un amparo a los integrantes de la Academia Nacional de Amparo (ANA), que pertenece a la Confederación Nacional de Colegios de Abogados de la República Mexicana –integrada por más de 300 organizaciones de litigantes del país–, para que diputados y senadores les informen sobre los alcances de la reforma energética recientemente aprobada fast track en México, informó Pablo Ortega de los Santos, vocero del denominado Movimiento Constitucionalista en Defensa del Pueblo de México contra la Reforma Energética, integrado por la ANA y otras organizaciones sociales.
Los legisladores deberán informar si la reforma perjudicará a la mayoría de los mexicanos en situación de pobreza, si sólo favorecerá a las empresas petroleras extranjeras o si en verdad correrá en beneficio de los mexicanos.
Previamente a la aprobación de la modificación a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna, la ANA realizó una consulta ante legisladores, con base en el derecho de petición, previsto en el artículo 8 constitucional, pero los diputados y senadores fueron omisos en la respuesta a esa garantía de los ciudadanos.
Ortega aseguró que el resultado de este amparo servirá como prueba toral
para la preparación de la demanda de garantías de carácter colectiva, con la cual buscaremos la nulidad de la reforma al marco legal de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La resolución del juez Zerón de ninguna manera detiene o trastoca los alcances de la reforma petrolera, la cual “no puede ser impugnada por la vía del amparo, debido a que la nueva ley en esa materia –que entró en vigor el pasado 3 de abril– impuso candados que impiden que las reformas constitucionales sean impugnadas mediante el juicio de garantías”, explicó un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que pidió no mencionar su nombre.
Desde el punto de vista de Ortega, la reciente reforma en materia de hidrocarburos trasgrede el artículo 136 de la Constitución, que se refiere a su inviolabilidad.
Según el litigante, procede el juicio de garantías mediante el denominado interés legítimo que tienen millones mexicanos inconformes con la reforma energética, por lo que los tribunales federales deberán estudiar esta petición de garantías, en un asunto que muy probablemente termine resolviendo la SCJN.
Por supuesto que existe la nulidad de un procedimiento constitucional, es tema inédito, es un planteamiento jurídico novedoso nunca antes explorado en el derecho mexicano, pero estamos en nuestro deber de defender a millones de mexicanos pobres por encima de los intereses de las petroleras extranjeras que se verán beneficiadas con la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto
, puntualizó Ortega de los Santos.
Añadió que el fundamento de la demanda de amparo que se está preparando tendrá cabida en el artículo 136 de la Carta Magna, así como en diversos principios de derechos humanos reconocidos por tratados internacionales (los cuales prefirió no citar), así como en la negativa de los diputados federales y senadores de realizar una investigación sobre los alcances de la reforma energética.
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(La Jornada)
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