El diputado Daniel Ordóñez Hernández presentó ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), una Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley para el tratamiento Jurisdiccional de las Adicciones del Distrito Federal, con el fin de dar respuesta y combatir el avance del mercado de drogas en la Ciudad de México, así como el consumo de las mismas.
La iniciativa pretende terminar con la criminalización de las adicciones; además de propiciar la rehabilitación de quienes delinquen bajo el influjo, abuso o dependencia de sustancias adictivas, bajo la supervisión de un Tribunal de Tratamiento para las Adicciones.
Señaló que la iniciativa de Ley surge en respuesta, a que en la última década se han endurecido las medidas de control y vigilancia en torno a las sustancias psicoactivas ilegales, sin embargo estas medidas han sido rebasadas, y no se ha logrado detener la producción, comercialización y fortalecimiento de su distribución, lo cual repercute en la sociedad con consecuencias negativas.
Se define a la adicción como una enfermedad cerebral, crónica que se caracteriza por la búsqueda compulsiva y el uso de sustancias adictivas, a pesar de sus consecuencias perjudiciales, pérdida de límites y un estado emocional negativo.
Según cifras de la Subsecretaria del Sistema Penitenciario local, en conjunto con el Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones en la Ciudad de México en 2011, cerca de 40 por ciento de los inculpados estuvieron bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva al cometer un delito, se destaca el alcohol con un 77 por ciento, la cocaína con 42 por ciento, marihuana 33 por ciento e inhalantes con 24 por ciento.
El legislador perredista sostuvo que algunos de los requisitos que se necesitan para entrar en el programa es que no se encuentre procesado por la comisión de un delito grave, sea la primera vez que accede al procedimiento, y que no exista oposición por parte del Ministerio Público, entre otras.
Propone además contar con incentivos para reducir la frecuencia de las sesiones de tratamiento, disminuir no sólo la duración del tratamiento, sino también la frecuencia de la supervisión judicial, y otras más.
Ordóñez Hernández, puntualizó que contaran con sanciones en caso de no cumplir, como, aumentar la frecuencia de pruebas toxicológicas, ordenar su arresto hasta por 36 horas y aumentar la frecuencia de la supervisión judicial.
Finalmente pueden ser expulsados del procedimiento, algunas de las causas, no acudir a sesiones del Centro de Tratamiento sin justificación alguna, falsear pruebas de antidoping, abandonar el plan de tratamiento, por mencionar algunas.
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