Foto: Presidencia
El Presidente Felipe Calderón anunció que su gobierno presentará al Congreso de la Unión una Iniciativa de Ley General de Atención y Protección a las Víctimas. Dicha iniciativa ha sido concebida para llenar un vacío legal en nuestro sistema jurídico y porque es urgente un marco que otorgue protección a las víctimas de los delitos en la ruta para la construcción de un México en paz y con justicia duradera.
El Primer Mandatario comentó que esta iniciativa recoge las demandas más sentidas de los ciudadanos y establece los principios fundamentales en los que se debe sostener la reivindicación y el adecuado tratamiento de las víctimas. Lo hace de manera puntual, respetando la Constitución y reposicionando al ciudadano como el centro, la razón de ser de las instituciones de seguridad, justicia y de todas las instituciones públicas.
El propósito de la Iniciativa es establecer una adecuada coordinación entre los diversos órdenes de gobierno para brindar una atención integral a las personas que, directa o indirectamente, sean víctimas de algún delito o de violaciones a los derechos humanos.
Algunos de los aspectos más importantes son:
- Se propone que la atención de las víctimas sea una tarea compartida entre los diversos órdenes de gobierno.
- Asimismo, se propone un esquema integral para tutelar y garantizar una serie derechos mínimos de las víctimas. En ese sentido, también tiene como meta que la calidad de víctima no esté condicionada a la identificación, aprehensión, procesamiento o condena del autor del delito.
- Crea la Conferencia Nacional de Atención Integral a Víctimas, la cual permitirá replicar en todas las entidades federativas, las funciones que ha venido realizando a nivel federal la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA).
- La ley misma da un fundamento jurídico mucho más sólido, amplio e integral a la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA), que hasta ahora tiene su fundamento en un decreto del Ejecutivo. Se pretende tenga la solidez de la autorización legislativa en la iniciativa.
- La iniciativa propone, por un lado, que los delincuentes reparen de manera puntual el daño que ocasionen y, por el otro, que la autoridad gubernamental repare el daño que derive de violaciones a los Derechos Humanos. Es decir, la reparación de los daños no solo será económica ya que también se establece la reparación a través de la restitución de los derechos de la victima y el reconocimiento público de su dignidad, su buen nombre y su honor.
- Se prevé un mecanismo de Ayuda Económica Victimal que se otorgará, independientemente de la reparación del daño, en algunos supuestos en los que a consecuencia de ciertos delitos las víctimas sufran graves daños a su salud o hasta la pérdida del empleo.
- Crea el Registro Nacional de Víctimas, una base de datos que integrará la información de los tres órdenes de gobierno sobre los procesos de atención a las víctimas.
- Contempla que la Procuraduría Social de Atención a Víctimas Federal y de las entidades federativas cuenten con un Consejo de Participación Ciudadana. Dichos consejos, integrados por representantes de los sectores público y social, podrán emitir recomendaciones y observaciones para promover un acceso cada vez más efectivo a la justicia para las víctimas.
El Presidente hizo un llamado respetuoso al Congreso de la Unión para que esta iniciativa se discuta con el sentido de importancia y urgencia que amerita, pues su aprobación es de la mayor relevancia para atender de manera efectiva a las víctimas de la violencia y del delito.
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