Foto: Cámara de Diputados.
Diputados de la Comisión de Trabajo y Previsión Social fijaron su posición en torno al predictamen que les fuera entregado el pasado lunes respecto de la iniciativa preferente en materia laboral, presentada por el jefe del Ejecutivo, mismo que será discutido en la sesión convocada por el presidente de este órgano legislativo, Carlos Aceves del Olmo, para hoy a las 9:30 horas.
Por el PRI, el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza rechazó que dicho predictamen tenga la intención de violentar el artículo 123 constitucional y por consiguiente transgredir el derecho de huelga, la libre asociación de los trabajadores y la autonomía sindical.
Agregó que se ha generado un falso debate en torno a esta reforma y que mediáticamente se acusa de la violación a dicho precepto. Incluso, afirmó, la propia Carta Magna establece que la iniciativa preferente no puede versar sobre modificaciones constitucionales.
“En esta ocasión tenemos un doble candado. No es una cuestión de capricho, es una cuestión de respeto a nuestras instituciones”, refirió. Dijo además que lo que se debate no es precisamente la iniciativa del Presidente Felipe Calderón, sino un documento de trabajo que contiene argumentos de todos los grupos parlamentarios.
En este sentido, dio a conocer algunas de las bondades del predictamen, entre otros: la reforma al artículo 2º, que establece el trabajo digno, la regulación del outsourcing, del cual, aseguró, ha habido un uso indebido, lesionando los intereses del trabajador y de la propia Hacienda pública.
“También abrimos una nueva modalidad de contratación por temporada, sin perder los derechos de antigüedad que tiene el trabajador, ni las prestaciones de seguridad social.
Por su parte, los diputados Marcelo de Jesús Torres, Alfredo Zamora García y Esther Quintana Sánchez, del PAN, coincidieron en que la iniciativa no tiene como finalidad eliminar las conquistas de los trabajadores, toda vez que lo que está en discusión son reformas a la ley secundaria y de ninguna manera al artículo 123 de la Constitución. Señalaron que la ley es perfectible y por tanto puede ser mejorada con nuevas aportaciones.
Manifestaron que es un avance haber integrado temas importantes como el impulso de la productividad y competitividad en el trabajo, los nuevos criterios de contratación, la regulación del outsourcing o subcontratación y la mejora a las condiciones laborales de los trabajadores del campo, entre otros.
No obstante, Marcelo de Jesús Torres y Karina Labastida Sotelo (PAN) criticaron que varios aspectos, necesarios para fortalecer la situación laboral que contenía la propuesta del Ejecutivo, no fueron tomados en consideración en el predictamen de la Comisión de Trabajo.
“Hay cuestiones en el dictamen que no se tocan y que son preocupantes, como las huelgas de más de 140 días. Como queda la ley, estos paros se pueden prolongar por varios años afectando no sólo a la empresa sino a los propios trabajadores. Por eso proponemos que una huelga no vaya más allá de 60 días”, indicó Karina Labastida.
A su vez, los diputados Martí Batres Guadarrama, Margarita Tapia Fonllem y Silvano Blanco Deaquino, del PRD, demandaron que la iniciativa fuera desechada al considerar que se trata de “una contrarreforma; una regresión a condiciones jurídicas previas al siglo XX y a la Revolución Mexicana, además de que no es una reforma de futuro, no es modernizadora y no es democratizadora”.
Agregaron que con ésta se introduce el desmantelamiento de los derechos de los trabajadores, la fragmentación del salario y el empleo y se mantiene intacto el viejo corporativismo sindical.
Lamentaron que en el dictamen se dejaran fuera las propuestas de avanzada del PRD y en cambio, mediante la reforma del Presidente Felipe Calderón, se anula la estabilidad del empleo; facilita la imposición de bajos salarios; condiciona la permanencia en el empleo a la productividad; desaparece los contratos de planta y anula el pago de indemnizaciones por despido.
Mencionaron que dicha reforma legaliza también las renuncias en blanco al no prohibirlas; pulveriza el salario volviéndolo infinitesimal al prever los contratos por hora; legaliza las outsourcing; anula las posibilidades de construir seguridad social, jubilación y prestaciones y acorta el pago de salarios caídos a un año, entre otros.
Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el diputado Tomás Torres Mercado se pronuncio por el fortalecimiento de las autoridades encargadas de la administración de justicia laboral, ya que con las leyes actuales el plazo de duración de un litigio laboral dura entre 35 a 50 meses.
Precisó que las juntas federales, tan sólo en el Distrito Federal, tienen en trámite 300 mil asuntos, lo cual significa en un pasivo laboral equivalente al 6 por ciento del Producto Interno Bruto.
Por lo anterior, propuso un adición a la propuesta para establecer que si el dictado del laudo y su cumplimiento tarda más de doce meses, será por faltas imputables al Estado, quien deberá ser responsable subsidiario.
Posteriormente planteó la posibilidad de establecer un seguro de desempleo, con un régimen tripartita de cuota, el cual esté financiado mediante recursos fiscales y adelantó que su fracción reservará los puntos que no coincidan con su propuesta alternativa de redacción. A eso se sumó el diputado Antonio Cuéllar Steffan.
En su turno, el diputado Adolfo Orive Bellinger, del grupo parlamentario del PT, afirmó que no es abaratando los costos del trabajador como se puede reactivar la economía, sino impulsando que el empresario reinvierta.
“Debemos tener una reforma que contemple la intervención del Estado en la economía, la capacitación y fortalecimiento del trabajador para incrementar el ingreso medio de los trabajadores”, sostuvo.
Aclaró que deben mejorarse las modificaciones de la reforma, de tal suerte que invite a los empresarios a fomentar el mercado interno, de lo contrario, advirtió, existe el riesgo de que tres millones 630 mil pequeños y medianos empresarios quiebren.
Por último pidió que el aviso de la terminación laboral no se deje a la Junta de Conciliación y Arbitraje ya que, argumentó, “esta puede tardar en informarle al trabajador”.
Del Movimiento Ciudadano, la diputada Luisa María Alcalde Luján expresó que serán los jóvenes egresados de universidades los principales afectados con esta reforma, ya que no resuelve el problema de fondo. Pidió además no eliminar la parte de transparencia sindical.
Sobre limitar los salarios caídos en litigios laborales, la legisladora sugirió eliminar las Juntas de Conciliación y Arbitraje y enfocarse en lograr una justicia autónoma en la que haya juicios laborales cortos, evitando los procesos largos que llegan a durar de 4 a 5 años y orillan a negociar al trabajador con el patrón.
“Es necesario garantizar la estabilidad laboral y no sólo buscar el cubrir los mínimos. Necesitamos garantizar bienestar y salarios dignos, además de resolver los temas de fondo para dar respuesta a la mayoría de los mexicanos”.
Asimismo, pidió proveer de recursos suficientes a las Juntas de Conciliación y Arbitraje para acelerar el trato de litigios laborales, además de sancionar a aquellos funcionarios que tarden más de un año en darle una solución para evitar así la quiebra de empresas por los pagos suntuosos por el concepto de salarios caídos.
A su vez, el diputado José Angelino Caamal Mena, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, dijo es necesario reglamentar lo referente al trabajo a domicilio, así como del certificado de no gravidez para que mujeres tengan oportunidad laboral, entre otros, así como impulsar que las empresas creen nuevos empleos bien remunerados.
“Existen temas que reflexionar, como la subcontratación y otras modalidades de contratación que ya existen, pero es necesario normarlas. No queremos que se cargue el costo del despido del trabajador a él mismo”.
Consideró que el gobierno es omiso al no contemplar un seguro de desempleo en la iniciativa, además lamentó la inexistencia de un reglamento que ayude a resolver los problemas en el proceso de iniciativa preferente.
Dijo legislar a favor de la protección de los trabajadores no es desincentivar al patrón o al trabajador. Agregó que deben contemplarse los mecanismos para evitar los abusos en la subcontratación para “evadir simulaciones como en los casos de empresas que despidan al trabajador para volver a contratarlo enseguida”. En esto coincidió el diputado Luis Antonio González Roldán.
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