Foto: Dra. Caroline
La Subprocuraduría Especializada para la Atención de Delitos Sexuales, Contra la Familia y Derechos Humanos, de la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí (PGJE), niega el acceso a la justicia a una joven víctima de abuso sexual en la entidad.
Desde junio de 2013, Diana –licenciada en Economía, activista y defensora de Derechos Humanos– presentó una denuncia por el delito de abuso sexual contra Ramón Ortiz García, presidente del Comité para la Prevención y Seguimiento de los Feminicidios en San Luis Potosí (SLP), pero hasta ahora no ha logrado justicia.
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh 2011), el 37 por ciento de las potosinas reportaron un incidente de violencia sexual con sus parejas.
De acuerdo con el Código Penal de SLP, el artículo 148 estipula que “comete el delito de abuso sexual, quien, sin el consentimiento de una persona ejecuta en ella, o la hace ejecutar un acto erótico sexual”. El caso de Diana es ejemplo de este tipo de abuso.
La historia
Diana inició su formación en perspectiva de género y su carrera en Derechos Humanos (DH) cuando egresó de la licenciatura de Economía. Empezó su carrera profesional en el Instituto de las Mujeres de SLP, donde conoció a Ramón Ortiz, a quien ella consideraba en un primer momento “como un compañero respetuoso”.
Desde su primer acercamiento al tema, Diana se “convenció de luchar por mejores condiciones para las potosinas y de ayudarlas en su empoderamiento”, así que continuó su preparación en diversos diplomados y talleres.
Cuando su contrato en el instituto terminó, Ortiz la invitó a colaborar en su nueva organización, Enfoque de Igualdad. “Desde que yo trabajaba con él me contó sus intenciones de fundar una organización; cuando me habló para invitarme a formar parte del pequeño equipo con el que arrancaba no lo dudé porque de verdad lo consideraba un hombre comprometido con la igualdad de género”.
Diana siguió empapándose del tema y cada vez se comprometía más con las mujeres. A la par, Ortiz García iba ganando prestigio como activista por la igualdad de género.
El 3 de junio de 2012 las convicciones de Diana fueron puestas en duda y se fue por la borda la imagen que tenía de su jefe. Ramón Ortiz García abusó sexualmente de ella al hacerle tocamientos.
Días después de la agresión, Diana se atrevió a encarar a su agresor. Acudió a las oficinas de la organización acompañada de su pareja sentimental. Durante la discusión –de acuerdo con lo relatado por la joven a esta agencia–, Ramón aceptó las agresiones, le pidió disculpas argumentando “que no supo por qué lo hizo”, e incluso le dijo “que respondería ante la justicia si ella decidía emprender una denuncia”.
“Mientras me agredía yo me quedé inmóvil, no hice nada porque no lo podía creer; él era uno de los compañeros con los que yo me había formado en temas de género; esa parálisis y negación me duró mucho tiempo”, recordó.
Diana renunció a su trabajo y abandonó la ciudad de San Luis Potosí un tiempo. Volver a abordar temas de género y especialmente de violencia le costó mucho trabajo; aún ahora no es capaz de dirigir a grupos de mujeres. Le tomó un año atreverse a presentar la denuncia formal de los hechos.
“Me tarde mucho tiempo en arriesgarme a presentar la denuncia; sabía por los relatos de otras mujeres que el sistema de justicia al que me enfrentaría no es el más eficiente”, señaló. Pero decidió hacerlo “para continuar mi camino, enseñarles a mis compañeras que sí es importante la denuncia, pues señalar a quien te agredió y buscar justicia te empodera”.
Víacrucis
En un primer momento, Diana se acercó al Centro de Atención a Víctimas del Delito (Cavid) a presentar la denuncia y sus temores se hicieron realidad.
Diana relató a esta agencia que el peritaje psicológico estuvo plagado de irregularidades, la persona encargada del procedimiento no estaba poniendo atención a la entrevista, y estaba ocupada con su celular.
“Me dijo que tenía mucho trabajo y que su hijo estaba enfermo, que sólo le diera las cuestiones generales del caso porque todo lo demás lo podía leer en el expediente, a mí me pareció raro pero pensé que era el primer acercamiento, así que hice lo que me pidió”.
Cuando Diana le dio el nombre del agresor, la perito le dijo que lo conocía y “que Ramón era su amigo en Facebook y hasta me enseñó su celular, y yo ya no tenía la plena confianza de describir los hechos y definir cómo me sentía”.
El 21 de junio de 2013 Diana acudió a la Subprocuraduría a ratificar la denuncia que quedó asentada en la Averiguación Previa Penal 369/2013.
A pesar de visitas constantes para conocer el avance de las investigaciones, la defensora no recibió ningún citatorio ni informes sobre el expediente. Fue hasta ocho meses después que, por su insistencia, recibió los resultados del peritaje psicológico.
No obstante, al leer los resultados Diana y su abogada se percataron de que había declaraciones que la defensora nunca había realizado, además de que no se habían realizado bajo los protocolos periciales correspondientes: no existía firma de consentimiento informado por parte de la defensora y había sido expedida meses después del tiempo establecido.
Aunado a ello, Diana se enteró de que la denuncia no había procedido porque prácticamente se había perdido el expediente. “El pasado 20 de marzo me llamó la subprocuradora y me dijo que ‘mirando sus expedientes pendientes se encontró el mío’, y me preguntó si quería seguir con la denuncia”.
Hasta ese día, Ramón no había sido notificado. El agresor se presentó ante la Subprocuraduría porque se enteró de la denuncia cuando se le pidió su renuncia del Comité de Feminicidios. En ese momento le dieron fecha para presentar a sus testigos, lo que ocurrió el pasado 3 de abril.
Por ahora Diana y sus abogadas intentan desechar el primer peritaje y la activista señaló que “lo único que espero es que hagan su trabajo sin importar de quién se trate, pues la Subprocuraduría y el Centro de Atención a Víctimas me han dejado muy mala experiencia”.
=AZM=
(CIMAC)
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