La Procuraduria de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) espera con optimismo que el Poder Judicial de la Federación (PJF) resuelva en definitiva los juicios promovidos a favor de contribuyentes cuya única fuente de ingresos son intereses inferiores a 100 mil pesos anuales.
La Prodecon confía en que los tribunales reconozcan el derecho humano fundamental al mínimo vital respecto de esta clase de pagadores de impuestos, los cuales, en razón del actual sistema impositivo, no tienen derecho a formular ninguna clase de deducción, acreditamiento, exención o algún otro mecanismo similar que asegure los recursos indispensables para vivir en forma digna.
En la actualidad, un contribuyente que no rebasa los 100 mil pesos anuales de ingresos por intereses por sus depósitos bancarios, no puede efectuar deducciones personales, como gastos médicos, hospitalarios y funerarios, tanto de él como de sus dependientes económicos, al no permitírsele la presentación de la declaración anual, que es en la que podría deducir esos gastos y acreditar el impuesto que las instituciones bancarias le retuvieron por los intereses pagados en el año.
La Prodecon ha detectado numerosos casos en que este tipo de ingresos, son obtenidos por un sector vulnerable, como es el caso de personas de la tercera edad, quienes han invertido los ahorros de su vida, con la finalidad de subsistir con los recursos generados por dicha inversión, los cuales ven afectados su derecho al mínimo vital, ya que no pueden realizar ninguna deducción o acreditamiento que permita garantizar un nivel de vida digno, de la misma forma tampoco pueden formular o presentar deducciones personales, máxime que los gastos médicos y hospitalarios se incrementan en los adultos mayores.
Paradójicamente, si el adulto mayor recibe más de 100 mil pesos por año, ahí si podrá deducir sus gastos médicos, ya que en ese caso, la Ley del Impuesto Sobre la Renta sí le permite formular declaración anual.
Este es uno más de los casos, inexplicables a juicio de la Prodecon, en que los contribuyentes más vulnerables tienen un trato fiscal más estricto, como se ha denunciado en el caso de los retiros de las Afores.
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