Ante diputados de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información, representantes de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI) y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señalaron que en nuestro país, el 56 por ciento del software que se utiliza es pirata.
Emilio Milán Cárdenas, consejero de la AMITI, advirtió que en Estados Unidos, algunos de sus estados ya legislan para castigar a empresas y compañías, tanto nacionales como extranjeras, que hagan uso de la piratería y la medida podría afectar al sistema exportador de nuestro país.
Rodrigo Gallegos Toussaint, responsable del área de tecnologías de la información del IMCO, añadió, por su parte, que Luisiana y Washington buscan aplicar dichas sanciones e incluso existe la petición para que se traduzca en una ley federal.
“El tema preocupa porque un número importante de empresas nacionales exportadoras utilizan software pirata y de aprobarse una ley federal, las pérdidas para México podrían representar más del 5 por ciento del Producto Interno Bruto”, dijo.
Ante ello, el presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información, Juan Pablo Adame Alemán (PAN) indicó que la advertencia prende focos rojos no sólo en el sistema exportador mexicano sino en la misma Cámara de Diputados.
Es necesario, dijo, revisar el marco legal y plantear modificaciones para prohibir y castigar el uso de software pirata. “Tanto las empresas como las propias dependencias de gobierno, deberán utilizar productos originales para no poner en riesgo la economía del país”, advirtió.
De llegar a ser en Estados Unidos una ley federal, como lo señalan los representantes de la AMITI e IMCO, se afectará a todo el sistema exportador mexicano, por lo que no se debe correr ese riesgo, “es necesario eliminar los software piratas”, señaló Adame Alemán.
Es una información que sorprende y a la vez preocupa porque desgraciadamente en México, muchas empresas e instancias de gobierno utilizan piratería, agregó.
Durante la presentación del “Mapa de Ruta 2025, para transformar a México a través de la adopción de Tecnologías de la Información”, Rodrigo Gallegos Toussaint señaló que en la ley que buscan aprobar Luisiana y Washington se establece la prohibición de adquirir cualquier producto si se llega a comprobar que en alguna parte de su cadena de proveeduría se utiliza software pirata.
Aunque en la legislación de estos dos estados se otorga un plazo de seis meses para que el fabricante o exportador presente pruebas a su favor o se ponga en orden, aún así se puede sancionar y suspender su producto, precisó.
De no regularse la situación en México, alertó, en un futuro no muy lejano, el sistema exportador se vería afectado en él la piratería es una práctica común.
A su vez, Milán Cárdenas señaló que aunque todavía no se traduce en un asunto nacional en Estados Unidos, ya existe una petición para que el gobierno federal lo adopte.
“Se trata de un documento que se denomina UCA (Under Competition Act) por sus siglas en inglés y ya está aprobado por las legislaciones de 48 estados en la Unión Americana. Todavía no llega a ser ley federal, pero de darse, la cadena del sistema exportador mexicano se vería afectada y eso sería algo verdaderamente delicado”, subrayó.
Para el UCA, explicó, competir con un software pirata tiene ventajas desleales, ya que se ofrece un producto con costos más bajos porque no se paga al proveedor de tecnologías lo que corresponde.
=Cámara de Diputados=
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