Foto: Presidencia
El Presidente Felipe Calderón presentó una controversia constitucional contra la Cámara de Diputados, por la orden que ésta le giró para publicar una reforma que adicionó 15 mil millones de pesos al Presupuesto de 2012 con el objetivo de combatir los estragos causados por la sequía y otros fenómenos climáticos, publica Reforma en su página de internet.
La controversia fue promovida el viernes pasado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y es similar, aunque no idéntica, a la presentada para combatir la orden de publicar la Ley General de Víctimas.
Según el portal, en el nuevo litigio, Calderón pidió a la Corte invalidar el oficio girado el 12 de julio por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dirigido a la Secretaría de Gobernación, para publicar el decreto por el cual ese órgano legislativo creó un Fondo Especial de Recursos para Atender Contingencias Climáticas Extraordinarias mediante la modificación de un artículo transitorio del Presupuesto de Egresos de 2012.
Los 15 mil millones serían para apoyar a 16 estados afectados por la sequía, 5 por heladas y 2 por inundaciones, y son adicionales a 6 mil millones ya etiquetados en el decreto original.
La creación del fondo se aprobó el 30 de abril en la Cámara de Diputados, sin intervención del Senado, y desde entonces el Poder Ejecutivo manifestó su oposición al procedimiento.
A principios de junio, la Secretaría de Gobernación envió a la Cámara de Diputados un oficio con las observaciones del Ejecutivo, en el que se requirieron precisiones y se cuestionó el fundamento Constitucional de la actuación de los diputados.
«No queda claro el trámite solicitado, en parte, porque no reúne requisitos Constitucionales para la discusión, modificación y aprobación de un Presupuesto de Egresos de la Federación, entre ellos que sea una iniciativa que provenga del Ejecutivo, que considere los recursos para cubrirlo y que su aprobación sea dentro del límite establecido«, expuso el oficio suscrito por el subsecretario de Enlace Legislativo, Rubén Alfonso Fernández.
Agregó que toda afectación al gasto público durante el Ejercicio respectivo, requiere la intervención de ambas cámaras del Congreso de la Unión, lo que en el caso no sucedió.
Otro punto rebatido por el Ejecutivo fue que los diputados pidieron obtener los 15 mil millones de subejercicios o ahorros obtenidos del Presupuesto de 2011, lo que según Gobernación es «material y jurídicamente imposible», porque ese Ejercicio ya fue cerrado y se entregó la Cuenta Pública respectiva.
Como sucedió en el caso de la Ley General de Víctimas, el Ejecutivo impugnó ante la Corte no el decreto en sí mismo, sino la orden de publicación girada por la Cámara de Diputados con base en una reforma de 2011 al artículo 72 de la Constitución, el cual busca evitar los llamados «vetos de bolsillo».
El ministro presidente Juan Silva Meza turnó el lunes pasado el caso al ministro Fernando Franco, y, de ser admitida la controversia, es un hecho que se concederá la suspensión para que el decreto no sea publicado mientras la Corte examina la legalidad de la orden respectiva, lo que puede tomar de seis meses a un año.
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