El propósito de esta ley es que los ciudadanos participen en la Cámara de Diputados con sus propuestas
Foto: Ahora sí
Para avanzar en la construcción de un modelo democrático que restablezca la cohesión social y promueva la figura del habitante participativo, los diputados Trinidad Morales Vargas, Marino Miranda Salgado y Lizbeth Rosas Montero (PRD) impulsan la creación de la Ley de Iniciativa Legislativa Ciudadana.
El documento enviado a la Comisión de Gobernación para su dictamen plantea las bases jurídicas que garanticen a la población el pleno derecho de participar en la toma de decisiones públicas, a través del envío de sus propuestas al Congreso Federal.
Señala que todo ciudadano tiene derecho a presentar un proyecto de iniciativa. La Cámara de Diputados le proporcionaría el formato respectivo para elaborarla, y una vez admitida la publicaría en su portal de Internet y comenzaría el proceso de recolección de firmas.
De acuerdo con la Constitución, precisa que la recolección de firmas tiene que hacerse en un plazo de 180 días hábiles posteriores a la entrega y publicación del proyecto; los apoyos pueden ser tanto de manera personal como por correo certificado.
De igual manera, se dispone que el proceso de recolección de firmas sea responsabilidad absoluta del promotor y ofrece la opción de solicitar prórroga de 30 días en el caso de que estén a 20 días para el vencimiento y falte por recolectar el 10 por ciento.
Además, estipula que quedará prohibido cualquier tipo de pago por concepto de intercambio en especie o en efectivo para la obtención de firmas de adhesión.
Los diputados sostienen que la iniciativa no sólo reconoce y fomenta los derechos fundamentales, sino que provee de recursos para la capacitación, información, difusión, apelación, garantía de audiencia, inconformidad y dictaminación, respetando en todo momento el principio de inclusión.
Expusieron que a través de la capacitación y la información se garantiza a la ciudadanía contar con las herramientas y los conocimientos básicos necesarios que les permitan ejercer ese derecho.
Además, con la difusión de la Iniciativa Legislativa Ciudadana a través del portal de internet de la Cámara de Diputados, la Gaceta Parlamentaria y su transmisión en el Canal del Congreso, se garantiza el acceso a la población de conocer los detalles que fundamentan y dan origen a las propuestas, con el fin de que no se convierta en coto de poder de la sociedad civil más activa.
Respecto a las garantías de apelación, los promotores podrán acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en caso de que el Instituto Federal Electoral (IFE) rechace las firmas presentadas en apoyo a su Iniciativa Legislativa Ciudadana.
En las audiencias podrán alegar cualquier duda durante el proceso de dictaminación e incluso, a través de la posibilidad de solicitar un nuevo dictamen, si a su juicio en dicho proceso se pervirtió el espíritu de su propuesta o no cumpla con sus expectativas.
En lo que se refiere al trámite o proceso legislativo, la iniciativa propone que la Cámara de origen sea la de Diputados, la cual deberá garantizar su debido proceso y su independencia de la agenda de los partidos, a fin de que no se queden en la llamada “congeladora legislativa”, o se venza el plazo para este procedimiento.
Puntualizaron que la reforma busca respetar el principio de calidad normativa, al hacer efectiva y accesible la participación a todas y todos los ciudadanos que así lo dispongan, quedando claro que su aplicación estará encaminada en todo momento a favorecer y garantizar el principio pro persona.
=Cámara de Diputados=
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