Foto: Cámara de Diputados
El diputado José Guillermo Anaya Llamas (PAN) presentó una iniciativa que establece la extinción de dominio en delitos cometidos por servidores públicos que causen daño o perjuicio patrimonial a la hacienda pública federal, estatal o municipal.
Esa figura se agrega a los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, de acuerdo con la reforma a la fracción II del artículo 22 de la Constitución Política, que plantea el legislador panista.
“Es necesario y más que justificado aplicar la extinción de dominio cuando haya de por medio la utilización de recursos públicos, porque si bien el daño no se causa a una persona en lo particular, sí se da de forma grave para la sociedad mexicana”, indicó.
Aseguró que “hoy más que nunca debe evitarse a toda costa que alguien se beneficie de la conducta ilícita de lesionar a la hacienda pública y, en tal caso, deben recuperarse los bienes suficientes para el pago de los daños y perjuicios generados”.
Cada peso que es objeto de un desvío de recursos públicos, deja de destinarse a un programa determinado que tiende a beneficiar a la sociedad, insistió.
Con la acción de extinción de dominio sobre los bienes ligados a un delito patrimonial se garantizará que el dinero público debe siempre ser aplicado y destinado para los fines concretos que correspondan, dijo el diputado José Guillermo Anaya Llamas.
La fracción II del Artículo 22 quedaría como sigue: Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas, y delitos cometidos por servidores públicos que causen un daño o perjuicio patrimonial a la hacienda pública federal, estatal o municipal siempre y cuando se cumplan las formalidades del procedimiento respecto de los bienes siguientes.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
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