Foto: SDP Noticias
La Comisión del Distrito Federal en el Senado de la República aprobó solicitar al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, información pormenorizada sobre la construcción y mantenimiento de la Línea 12 del Metro, y exhortar a la Procuraduría General de la República a iniciar una investigación penal de oficio sobre las presuntas irregularidades en esta obra.
En reunión de trabajo, los integrantes de dicha Comisión coincidieron en el compromiso de apoyar al gobierno del Distrito Federal a encontrar una solución para reestablecer por completo el servicio en la llamada “Línea Dorada”, sin que ello implique “solapar” irregularidades.
El presidente de la Comisión, Mario Delgado, del Partido de la Revolución Democrática, sostuvo: “No tenemos ningún interés, ni a título personal ni como partido, en poner algún tipo de obstáculo a la información que se está solicitando sobre la Línea 12 del Metro; por el contrario, vamos a seguir facilitando todas las peticiones que se hagan aquí de información”.
Pidió no sacar conclusiones antes de conocer la información sobre las causas que motivaron el cierre de este transporte: “Conocemos que la Línea 12 del Metro ha sido auditada por instancias federales y locales; hay cinco auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y cinco más de la Contaduría mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Es una línea que no deberíamos satanizar y presentarla como una obra que no funciona”.
Recordó que esta obra fue desarrollada por “lo mejor de la ingeniería mexicana y empresas serias internacionales y estamos en espera de saber la dimensión, el alcance y el origen de las posibles imperfecciones”.
El senador del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Casillas, enfatizó que las posibles irregularidades en la obra no sólo consisten en la falta de transparencia en la aplicación de recursos públicos, “lo que preocupa es que se haya puesto en riesgo la vida de 450 mil usuarios”.
El Senado recibió a Miguel Ángel Mancera y le ofreció su apoyo para sacar adelante la reforma política de la Ciudad de México, por lo que ahora “lo que esperamos es reciprocidad” del jefe capitalino para que proporcione información y acepte, junto con sus colaboradores, participar en mesas de trabajo con la Comisión del Distrito Federal, para analizar el caso de la Línea Dorada.
La senadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Mariana Gómez del Campo, consideró que debe haber explicaciones a fondo, dadas la convergencia de circunstancias, como el aumento al costo del boleto del Metro, presuntamente para mejoras de las 11 líneas en operación.
“Pareciera que a partir de este aumento al boleto del metro, pues se sabía o se suponía el cierre de la línea 12 y ahora, desafortunadamente, ese recurso que iba a ser utilizado para la seguridad de los usuarios en las otras 11 líneas, va a ser utilizado en la Línea 12”.
Hizo hincapié en que los integrantes de la Comisión gestionaron ante la Federación y la Cámara de Diputados 12 mil 500 millones de pesos para la construcción de esa obra, que representaron 50 por ciento del costo total, por lo que existe un daño patrimonial a la Federación y a los mismos usuarios.
Al recordar que la información de las auditorías a la Línea 12 ha sido reservada por el gobierno capitalino, la legisladora consideró que es fundamental la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República.
La obra inició con un presupuesto autorizado de 17 mil 500 millones de pesos, y terminó con un costo final de 24 mil millones; es decir, hay una diferencia de siete mil millones de pesos con los que se podrían construir 16 hospitales generales en Tláhuac.
Anticipó que, a título personal, entregará una solicitud de la información al jefe de gobierno y una petición para que acuda a una reunión de trabajo, con sus colaboradores, con la Comisión del Distrito Federal.
“Lo único que queremos –sostuvo- es que dejen de estar reservando información y nos puedan compartir esta información, para que podamos verdaderamente ayudar a las autoridades del gobierno del Distrito Federal, concretamente en este momento con un tema que no van a poder resolver solos, van a necesitar de la federación, de las Cámaras, de todos, para que los ciudadanos estén tranquilos, les demos respuestas y se hagan las investigaciones correspondientes”.
El senador ecologista Pablo Escudero consideró necesario que el Senado cuente con la información requerida, antes de emitir resoluciones, para así poder reunirse con las autoridades capitalinas y encontrar soluciones.
“Queremos saber qué pasó con las auditorías, por qué no se dio seguimiento” a una auditoría realizada en 2009 por la Auditoría Superior de la Federación, donde se refiere: “se detectó que los apellidos del director general del Proyecto Metro del Distrito Federal coinciden con uno de los directores generales de la constructora ICA, quien fue promovido vicepresidente ejecutivo de la misma empresa, por lo que en virtud que el convenio es una extensión del contrato se advierten modificaciones con ventajas para el consorcio”.
La ASF, abundó, señala que se incrementó el costo de estaciones y tramos de conducción, desde 2 hasta el 37 por ciento, sin que hayan sido modificadas, en demérito de los intereses del Gobierno del Distrito Federal.
En su turno, la senadora del PRD, Dolores Padierna Luna, se pronunció en contra de llamar a comparecer a Miguel Ángel Mancera; no obstante, pidió que la Comisión trabaje a favor de la transparencia.
Finalmente, la senadora del PAN, Elia Hernández, consideró que el mayor daño patrimonial es en contra de los usuarios, pues con sus impuestos se realizan obras públicas, y ahora muchos de los usuarios de la Línea Dorada se ven obligados a gastar más de sus bolsillos para buscar otros medios de transporte.
=Senado=
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