Con la aprobación de Miguel Ángel Mancera, desaparecerá la figura del arraigo
Foto: GDF
El Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, firmó y entregó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la propuesta de ley para derogar la figura del arraigo del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal (CPPDF) y abrogar la Ley contra Delincuencia Organizada para el Distrito Federal. De dictaminarse en sentido afirmativo por la Asamblea, la figura del arraigo estaría despareciendo en la ciudad de México.
En abril de 2011, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 2/2011, dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), solicitándoles la inaplicación de la figura del arraigo por violentar el derecho a la presunción de inocencia, significar una forma de detención arbitraria y trato cruel, inhumano y degradante.
La CDHDF constató que el arraigo era aplicado en la ciudad de forma desmedida; en el año 2008 la PGJDF envió al TSJDF 46 solicitudes de arraigo que involucraron a 76 personas, en tanto que ya para el 2009 las solicitudes de arraigo crecieron a 142 involucrando a 305 personas arraigadas, mientras que para el 2010 las solicitudes fueron 235 involucrando a más de 400 personas que fueron sometidas al arraigo.
Pero además, que el mismo se aplica sin control por parte del juez que lo autoriza, pues de acuerdo con el aún vigente artículo 270Bis del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, la persona arraigada se encuentra bajo la disposición del Ministerio Público, quien es la autoridad que justo lo está investigando bajo la finalidad de incriminarlo penalmente.
La eliminación del arraigo de la legislación local es congruente con los estándares de protección de derechos humanos, acata las múltiples recomendaciones emitidas por los organismos internacionales antes mencionados así como la propia emitida por la CDHDF.
La CDHDF espera que la Iniciativa presentada sea nutrida por parte de los legisladores a través de las opiniones de expertos y en particular que la figura de detención con control judicial sea regulada de manera minuciosa de tal forma que se evite en su aplicación la generación de violaciones a los derechos humanos.
=Mónica Muñiz=
(Boletín CDHDF)
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