Foto: SRE
El Gobierno de México ha tomado nota del informe sobre la reforma judicial y a las instituciones de policía en México presentado ayer por la bancada mayoritaria en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Al respecto, mediante un comunicado, la SER fijó la postura del gobierno mexicano.
• El Gobierno de México rechaza una vez más informes unilaterales, como el que se dio a conocer hoy en el Senado de Estados Unidos. Éstos no contribuyen a generar las condiciones necesarias para hacer frente de manera más efectiva a los retos compartidos que se derivan de la delincuencia organizada transnacional que opera en ambos lados de nuestra frontera común. Preocupa que no se haya seguido la práctica diplomática con relación a los procedimientos de coordinación habitual que conlleva toda actividad legislativa de carácter internacional.
• Sin lugar a duda, muchos de los retos en materia de seguridad y violencia que enfrenta la sociedad mexicana tienen su origen más allá de nuestras fronteras. El Gobierno de México ha actuado con determinación y firmeza para neutralizarlos y garantizar el bienestar de la población, como señala el propio informe publicado.
• El Gobierno de México ha puesto en práctica políticas públicas e invertido recursos sin precedentes para fortalecer las capacidades del Estado, a favor de la seguridad de los mexicanos. Para construir un México más seguro y próspero, basado en el respeto a las leyes, se ha avanzado decididamente en el fortalecimiento e incluso la reconstrucción de nuestras instituciones de seguridad y procuración de justicia; presentado iniciativas legislativas de largo alcance; desarticulado a organizaciones criminales que vulneran la tranquilidad de los mexicanos, e impulsado una política social también sin precedentes para generar oportunidades, brindar servicios educativos y de salud y reconstruir el tejido social en aquellas comunidades más afectadas. Avances en todos y cada uno de estos ámbitos son necesarios para abatir la violencia.
• Con el impulso del Gobierno Federal, en junio de 2008 se adoptó una ambiciosa reforma al sistema de justicia penal en México que busca hacer más expedita la impartición de justicia a través de juicios orales y establece un sistema en el que se respetan los derechos tanto de las víctimas como de los indiciados, fortaleciendo las garantías del debido proceso. Se estableció un plazo de ocho años para la implementación de esta reforma, proceso que requiere el compromiso de todos los órdenes de gobierno. Otras reformas importantes, incluyendo al sistema de amparo y en materia de derechos humanos, son también fundamentales para asegurar el Estado de Derecho en el país.
• El Gobierno Federal impulsó el desarrollo de la Policía Federal, pasando de poco más de 6 mil elementos a más de 36 mil. El 20 por ciento son mujeres y más de 8 mil son graduados universitarios. Se cuenta asimismo con infraestructura y equipamiento de punta. Se integró el sistema de información criminal Plataforma México, que hoy cuenta con más de 500 millones de datos. Los avances son claros, si bien aún queda mucho por hacer, en especial a nivel de las policías estatales y municipales, donde se requiere la acción decidida y comprometida de todos los gobiernos locales.
• Se ha trabajado también en el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas armadas. Su papel ha sido determinante para combatir la violencia derivada del crimen organizado, en momentos en que el país lo requiere. Sus avances en materia de transparencia y derechos humanos son innegables.
• Los temas abordados en el informe, a saber la implementación de la reforma al sistema de justicia penal y el desarrollo de las capacidades policiales, incluido a nivel estatal, han sido y son claras prioridades del Gobierno Federal, en las que se han alcanzado notables avances que están a la vista de la sociedad mexicana. Se trata asimismo de prioridades mutuamente identificadas y acordadas con Estados Unidos en el marco de la Iniciativa Mérida y que han sido objeto de múltiples e innovadores programas de cooperación bilateral.
• De la misma manera, el desarrollo e implementación de mecanismos de control de confianza y el fortalecimiento de la supervisión de las diferentes instituciones de seguridad y procuración de justicia han sido tareas prioritarias del Gobierno de México.
• En todos estos ámbitos contamos hoy con una dinámica institucional sólida y mecanismos que definen claramente responsabilidades de todos los Poderes del Estado y niveles de gobierno, para crear un México más seguro y próspero.
• El reto no es sólo de México y de los mexicanos. Hemos logrado consolidar un nuevo paradigma de cooperación con Estados Unidos basado en el principio de la responsabilidad compartida y ambos gobiernos hemos fortalecido acciones en nuestros respectivos territorios. Sin embargo, nuestras acciones serán insuficientes si todos los actores políticos en Estados Unidos no asumen su responsabilidad para frenar el tráfico criminal de armas hacia México, combatir el lavado de las ganancias ilícitas de la delincuencia organizada en el sistema financiero de Estados Unidos, y reducir sensiblemente el consumo de drogas.
El Gobierno de México reitera su compromiso de hacer frente al crimen organizado transnacional y por convicción propia seguirá trabajando sin descanso para reducir la violencia, fortalecer las instituciones y brindar a todos los mexicanos la seguridad y bienestar que merecen, sin excepción.
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