Foto: Centro Prodh
El pasado 2 de julio, Valentina Palma, estudiante chilena y una de las 47 mujeres a quienes se infringió tortura sexual perpetrada por agentes del Estado mexicano durante el operativo policiaco del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, recibió en su correo electrónico un mensaje anónimo en el cual se le amenazaba por denunciar esos hechos.
Con lenguaje procaz, un remitente desconocido hizo mención a la tortura sexual a la que fueron sometidas Valentina y 46 mujeres más en los autobuses de las fuerzas policiacas del estado de México. Entre otros fragmentos, el remitente anónimo recuerda:
“ (…) tuviste mucha suerte porque ese día pudiste ser violada por todo mi equipo, no nos dio tiempo solo había 2 horas y media de camino (…)” (sic)
Ante estas nuevas amenazas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), acompañante legal de las 11 mujeres denunciantes hace responsable al Estado mexicano de la integridad de Valentina y de las mujeres que han denunciado ante organismos internacionales las violaciones a sus derechos humanos, pues si bien el amedrentamiento fue recibido por una sola, la seguridad e integridad de todas las mujeres que vivieron tortura sexual están en peligro.
Al ser amenazada Valentina, el hostigamiento y la agresión es para todas las denunciantes de tortura, ya que éstas han tenido el valor de exigir justicia por las violaciones a sus derechos humanos.
Mediante un comunicado, el Centro Prodh señaló junto con la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) hace un par de días, que la impunidad continuada del caso fue señalada no sólo por las organizaciones civiles que acompañan el caso, sino incluso por Soledad Murillo de la Vega, experta del Comité CEDAW y relatora para México. Murillo cuestionó a las autoridades mexicanas sobre el hecho de que, seis años después de la tortura contra las mujeres, no haya ni una sola persona castigada, puesto que hay suficientes elementos probatorios sobre la tortura sexual cometida contra las mujeres de Atenco por parte de agentes del Estado mexicano. Dichas declaraciones fueron hechas en el marco del examen que el Comité CEDAW de la Organización de las Naciones Unidas hizo esta semana al Estado mexicano.
En este contexto un representante del Estado mexicano anunció en Nueva York nuevas consignaciones, las cuales fueron hechas sin informar a la representación jurídica de las Mujeres de Atenco. En este sentido hicieron del conocimiento de la opinión pública que según la última actualización de la situación jurídica del caso de denuncia por tortura sexual contra las 11 mujeres que acompaña legalmente el Centro Prodh, la Procuraduría de Justicia del Estado de México solicitó ordenes de aprehensión contra 29 policías. De la misma forma ayer se informó extraoficialmente a la defensa del Centro Prodh que hasta ahora solo han sido giradas tres órdenes de aprehensión a mandos policiales y solo dos personas se encuentran a disposición de las autoridades por el delito de tortura. Según la procuraduría mexiquense, en las próximas horas se sabrá si se dicta formal prisión a los dos policías detenidos por la tortura cometida en contra de las 11 mujeres denunciantes.
Cabe resaltar que estas acciones se han generado no en el contexto de garantizar el acceso a la justicia de nuestras defendidas, sino en el contexto de las pasadas elecciones presidenciales y de la postulación en las mismas de Enrique Peña Nieto, quien incluso ha reconocido públicamente su responsabilidad por los hechos. Consideramos que se ha instrumentalizado políticamente el caso en instancias internacionales.
Ante esta nueva información, el Centro Prodh consideró que después de seis años de ocurridos los hechos, las mujeres denunciantes no han tenido un acceso pronto, expedito y eficaz a la justicia. Además, recalcaron el incumplimiento de las recomendaciones hechas al Estado mexicano por parte de organismos internacionales como el Comité CEDAW hace seis años, respecto de la identificación y castigo a los culpables de la tortura sexual infringida a las mujeres.
Asimismo, responsabilizaron al Estado mexicano de la integridad y seguridad de todas las mujeres sobrevivientes de tortura sexual y esperan que éste sea declarado responsable por no garantizar a las mujeres denunciantes un efectivo acceso a la justicia.
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