Foto: Segob
El Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, encabezó con el Gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, el Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad que tiene el Estado Mexicano por la violación a los derechos de las garantías judiciales en el caso “Paloma Angélica Escobar Ledezma y Otros”, en las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres.
Durante el evento, el Secretario Poiré condenó con toda firmeza el homicidio, ocurrido en 2002, de Paloma Angélica, “la pérdida de la vida, causada por un crimen, nos causa un profundo dolor a todos, cuando ello ocurre contra una niña, nos llena de rabia y angustia, por un futuro perdido, por una esperanza cegada, por un porvenir destruido, por la acción irracional e inhumana de los delincuentes”.
El Secretario de Gobernación dijo que la visita a la entidad tuvo como objetivo el reconocer públicamente la responsabilidad que tiene el Estado Mexicano por la violación a los derechos de las garantías judiciales, a los Derechos del Niño, al igual que la protección de la ley y la integridad personal de Paloma Angélica Escobar Ledezma.
Mencionó que en un Estado Democrático de Derecho, cada servidor público está obligado a cumplir con su deber establecido por la ley, y que ante todo probable delito, debe haber una investigación oportuna, inmediata, seria e imparcial.
Exigió, en nombre del Estado Mexicano, que todos y cada uno de los servidores públicos del sistema de procuración e impartición de justicia, deben hacer absolutamente todo lo que esté a su alcance para que nunca vuelva a ocurrir lo acontecido a Paloma Angélica, a sus familiares y amigos.
El encargado de la política interior ofreció, en nombre del Estado Mexicano, su sincera disculpa a los padres de Paloma Angélica: Norma Ledezma Ortega y Dolores Alberto Escobar Hinojos, así como a su hermano Fabián Alberto.
Subrayó que el Estado Mexicano, sus tres órdenes de Gobierno, los distintos poderes y la sociedad en su conjunto, tienen el compromiso de trabajar de manera coordinada e institucional para que actos deleznables como los perpetrados contra Paloma Angélica, no sucedan nunca más.
Mencionó que la protección y defensa de los derechos humanos es una de las más altas prioridades del Gobierno del Presidente Felipe Calderón, por lo que en esta Administración el Estado Mexicano ha alcanzado avances de gran trascendencia, como las reformas Constitucionales en materia de Derechos Humanos de 2011, en materia de Amparo y al Sistema de Justicia Penal, que constituyen la mayor ampliación de libertades y garantía que se haya realizado en México en décadas.
Destacó que para acelerar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de justicia en los tres órdenes de Gobierno, se trabaja de manera coordinada en siete aspectos fundamentales:
Primero. El fortalecimiento y actualización de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República, en la lucha por la seguridad, para que se siga dando con apego a la legalidad y con absoluto respeto a los derechos humanos.
Segundo. Atención a las víctimas de la violencia, así como a la búsqueda de personas no localizadas, a través de ProVictima.
Tercero. Políticas de colaboración y apertura con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), atendiendo a sus recomendaciones, así como con organismos internacionales.
Cuarta. Cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Quinto. Intensificar los esfuerzos de capacitación en materia de seguridad y derechos humanos a todos los servidores públicos.
Sexto. Protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
Séptimo. Impulsar los cambios jurídicos y de armonización legislativa, incluyendo la iniciativa que moderniza el fuero militar.
Por su parte, el Gobernador del Estado de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, dijo que “Ahora, el Gobierno del Estado y el Gobierno de la República formulan su reconocimiento internacional de que Angélica Escobar Ledezma y otras víctimas de homicidio, no gozaron plenamente de garantías judiciales, que hubiesen atemperado las injusticias que recibieron. Reconocemos que el Gobierno de Chihuahua no procedió con diligencia y eficacia en el caso de Paloma”.
El Mandatario Estatal indicó que algunas instituciones y funcionarios impidieron que en este caso hubiera justicia, por lo cual es preciso ofrecer testimonio público de reconocimiento a quienes se indignan ante la injusticia, lo peor de las barbaries de nuestro tiempo es que se ensañan con los más débiles.
Apuntó que reconocerlo no basta, pero es punto de partida, es el principio de una nueva etapa con respeto a los derechos de las víctimas.
El jefe del Ejecutivo Estatal manifestó que “Es preciso afrontar el reto y darle causa institucional, porque el Estado tiene la responsabilidad de reconocer su negligencia en el transcurso de los gobiernos. Hoy nos toca asumir que el estado pudo evitar parcial o totalmente los daños”.
“Hay injusticias manifiestas, cuya responsabilidad es atribuible a las autoridades, estamos ante los fallos humanos de los funcionarios en la investigación del delito y persecución de los delincuentes”, exteriorizó.
“La injusticia pasiva es quizá la peor de las injusticias porque a la injusticia de un delito le sigue la injusticia pasiva de una autoridad que no actúa y no atiende con atingencia a las víctimas, así como la indiferencia civil y la apatía gubernamental, que ve asuntos o expedientes y deja de ver a seres humanos con dolor que claman justicia”, aseveró.
Asimismo, reconoció la valentía de Norma Ledezma: “Sepa bien que mi Gobierno está resuelto a seguirla apoyando y a llegar hasta las últimas consecuencias en éste y todos los casos que requieren justicia”.
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