La Procuraduría General de la República (PGR) giró un oficio al Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México, mediante el cual reconoció que no tiene manera de comprobar las imputaciones por los testigos “Jennifer” y “Mateo”, nombre clave del narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, en contra del General Tomás Ángeles Dauahare.
La instancia dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) dice en el citado documento:
“Por lo que hace al procesado Tomás Ángeles Dauahare, los desposados de los testigos colaboradores no se encuentran corroborados con medio convictivo alguno, salvo el hecho de que el encausado (el General Tomás Ángeles) fue servidor público de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que el día de la fecha se cuente con probanza alguna para confirmar los dichos de los atestes”.
Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional y los generales Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, así como el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñóz fueron detenidos en agosto de 2012 señalados por, presuntamente, tener nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Ricardo Sánchez Reyes-Retana, defensor del general Tomás Ángeles Dahuahare dijo en entrevista en el noticiero matutino de Brozo:
«Hace alrededor de tres semanas esta defensa ofreció la prueba consistente en el oficio que debía rendir la hoy SEIDO por el que nos dijera con qué pruebas tiene por acreditado que los dichos de los testigos colaboradores Jennifer y Mateo eran verdad. La SEIDO desahoga un oficio que dice que no se encuentra corroborado con medio convictivo alguno los desposados (declaraciones) de los testigos colaboradores, lo que quiere decir que en su momento le dieron valor inequívoco a esas declaraciones y con eso se ejercitó acción penal en contra del general».
El abogado defensor dijo que dependerá del juez qué sucederá con su cliente que se encuentra preso en el Penal Federal del «Altiplano».
Ricardo Sánchez Reyes-Retana insistió en el tema de las contradicciones de los testigos protegidos y, ahora que la PGR admitió que no tienen pruebas que confirmen las declaraciones de los testigos protegidos, solicitaron que dicte sentencia y que valore el oficio de la SEIDO para obtener una resolución absolutoria, lo cual podría ocurrir en las siguientes semanas.
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