Foto: CNDH
La reforma constitucional en materia de derechos humanos otorgó a la CNDH, que preside Raúl Plascencia Villanueva, nuevas atribuciones para proteger a la sociedad contra el abuso del poder, informó así el organismo mediante un comunicado.
Dicha modificación a 11 artículos de la Carta Magna, que entró en vigor hace un año, fortalece el marco institucional para impulsar la cultura de la legalidad, que debe ser la columna vertebral del Estado y en la relación entre autoridades y gobernados.
Para lograr este propósito es necesario que el Estado fomente la educación en derechos humanos en la población, especialmente entre niños y jóvenes, como lo establece el texto constitucional.
La reforma significó un avance en la lucha por mejorar la atención y el trato que se brinda a las víctimas del delito, toda vez que ahora cuentan con mayores elementos para hacer efectivo su derecho a la reparación del daño, lo que contribuye a erradicar la impunidad.
Desde junio de 2011, las autoridades tienen la obligación de desempeñar sus funciones de acuerdo con lo que señala el orden jurídico mexicano y los más de 100 instrumentos internacionales en la materia, firmados y ratificados por nuestro país.
A partir de estos cambios, servidores públicos e instituciones tienen el compromiso ineludible de responder las recomendaciones que les formulen los organismos públicos de protección de los derechos fundamentales.
Los servidores públicos que no las acepten o no las cumplan deben explicar ante el Senado de la República, o en su receso, a la Comisión Permanente el motivo de su negativa, lo que favorece la transparencia y la rendición de cuentas.
En diciembre pasado, la Comisión Nacional ejerció la atribución que le fue conferida en el marco de esta reforma para investigar violaciones graves a derechos humanos en el caso de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, indagatoria que culminó con la emisión de la Recomendación correspondiente. En este marco, la CNDH reafirma su compromiso de impulsar, a través de la capacitación de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, la prevención de agravios contra la población.
De igual forma, manifiesta su disposición para seguir sumándose al esfuerzo que llevan a cabo instituciones públicas y civiles de promover la defensa de los derechos humanos y fortalecer los mecanismos legales para hacerlos valer.
Es responsabilidad de todos trabajar para consolidar un nuevo modelo de sociedad donde prevalezca la cultura de respeto a los demás y el cumplimiento de nuestros deberes.
Comentarios recientes