Foto: Senado
El senador perredista Mario Delgado Carrillo, presidente de la Comisión del Distrito Federal, se pronunció porque la Constitución que se derive de la reforma política del Distrito Federal “la hagamos de tal manera que tengamos una ciudad blindada contra la trata de personas”.
En el foro “Acciones del gobierno local contra la trata”, hizo notar que los delegados demandan mayores facultades para enfrentar este problema y la reforma es una magnífica oportunidad para avanzar en su solución.
Por su parte, la senadora Adriana Dávila Fernández, de Acción Nacional y titular de la Comisión contra la Trata de Personas, se refirió a la reciente instalación de la Conferencia Nacional de Legisladores contra la Trata como un esfuerzo encaminado a la armonización de la Ley General en la materia a través de la vinculación con los congresos locales.
A su vez, el diputado local Manuel Granados Covarrubias hizo un llamado a revisar de manera integral la Ley General contra la Trata de Personas, ya aprobada por el Congreso, a fin de otorgar más atribuciones a los legisladores, inclusive a la Asamblea Legislativa del D.F.
Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno del D.F. a su vez apuntó que para el gobierno capitalino la lucha contra la trata de personas es una prioridad, de ahí que estén en marcha diversas acciones para erradicar este ilícito.
En su oportunidad, Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos vs la Trata A.C., recordó que aunque todavía no se cuenta con el reglamento respectivo existe la obligación para los delegados políticos de establecer líneas de investigación académica que permitan elaborar políticas públicas para erradicar la trata de personas.
Maricela Contreras, Jefa delegacional en Tlalpan, subrayó la importancia de una pronta expedición del reglamento, pues se elaboran leyes de avanzada cuya tardanza en su aplicación atrasa el combate a los delitos.
Expresó su preocupación por los amparos federales que obtienen los llamados giros negros, pues dejan a las delegaciones en total “indefensión”.
Alejandro Fernández, delegado en Cuauhtémoc, coincidió en que los amparos federales hacen mucho daño, “porque no podemos clausurar giros comerciales dudosos”.
Asimismo, cuestionó, ¿qué nos toca hacer? Toda vez que a las demarcaciones no les toca investigar los delitos, sino a las procuradurías; tampoco persigue delincuentes, porque es competencia de la Secretaría de Seguridad Pública.
“Sí quieren que hagamos más, dennos más facultades”, subrayó.
Para Francisco Mendoza Esparza, director general Jurídico y de gobierno de la delegación Coyoacán, el combate a la trata de personas ocupa uno de los ejes transversales de la política pública de esa demarcación.
En este sentido, dijo que al inicio de la presente administración operaban diez de los llamados “giros negros” que realizaban actividades de comercio sexual, de los cuales hoy en día no queda uno solo.
La titular de la Fiscalía Central para la Atención del Delito de Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Juana Camila Bautista Rebollar subrayó que el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera ha establecido dentro de sus acciones de gobierno la prioridad de combatir las redes de explotación de mujeres y de pornografía infantil y las diversas formas de esclavitud.
=Senado=
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