Foto: Senado
El Senado de la República reformó la Ley Federal de Protección al Consumidor para que la información de productos y servicios, así como la de sus envases, empaques, envolturas, etiquetas y publicidad sea adecuada, clara y certera.
La reforma pretende dar respuesta la proliferación de empresas que venden productos y servicios que se publicitan u ostentan como amigables con el ambiente sin estar sujetas a un sistema de control que garantice la veracidad de su oferta.
Por ello, establece la obligación de todo fabricante o proveedor a demostrar que los datos o la información de los bienes, productos o servicios que ofrece, distribuye, venda arriende o conceda sean ciertos y comprobados.
Además, la Procuraduría Federal del Consumidor podrá ordenar al fabricante o productor que retire la publicidad o información que se difunda, cuando ésta no sea veraz o no haya comprobado ante la autoridad competente su veracidad.
Al respaldar la reforma, la senadora priista Margarita Villaescusa Rojo expuso que la cantidad de contaminantes y productos tóxicos a los que se ven sometidos los seres humanos se han incrementado de manera sustancial, por lo que las empresas buscan desarrollar programas para minimizar los daños medio ambientales derivados de sus actividades y producción.
Ello, gracias a una mayor conciencia de la población y a los esfuerzos que realizan los gobiernos para contener del deterioro de nuestro planeta.
Sin embargo, dijo, “lo verde, al ser un mercado que continúa en crecimiento, propició que varias personas se aprovechen de esta situación y como estrategia de ventas lanzan al mercado productos y servicios ecológicos para captar al segmento de población interesada en cuidar el medio ambiente”, pero sin garantizar la veracidad de su oferta.
Por eso la reforma tiene el objetivo de ayudar a los consumidores a identificar los productos y servicios ecológicos o verdes, así como su repercusión en la salud de los consumidores.
El dictamen se aprobó con 79 votos a favor, por lo que se turnó a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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