Foto: Cámara de Senadores
El Senado de la República aprobó reformas para prohibir los tratos crueles, inhumanos o degradantes a las personas sometidas a arrestos, detención o prisión.
Además, facultó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para realizar visitas y supervisiones, a fin de denunciar y evitar actos de tortura en el sistema penitenciario y de readaptación social del país, así como en los órganos dependientes del Ejecutivo Federal encargados de la procuración de justicia.
Las modificaciones tienen efecto en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, cuya denominación cambió por la de Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
De acuerdo al dictamen, con este tipo de delitos, el servidor público que inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva o con cualquier otro fin.
Para ello, los senadores definieron como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
Respecto de las sanciones, fijaron una pena de prisión de siete a 16 años, de 500 a mil días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos de manera permanente.
Y serán aplicadas a los servidores públicos que induzcan a un tercero o se sirva de él para infligir a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales.
Se aplicarán las mismas penas al tercero que, con cualquier finalidad, instigado, inducido o autorizado, explícita o implícitamente, por un servidor público, inflija dolores o sufrimientos graves sean físicos o mentales a un detenido.
Al presentar su voto a favor, el senador perredista Rubén Velázquez López, señaló que a pesar de la existencia de una base legal desde 1991 la tortura en México se aplica de manera sistemática.
No olvidemos, dijo, que el Gobierno federal reconoció en el marco de la visita en 2011 de Navi Pillay, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, que en nuestro país persiste la tortura, y uno de los mayores desafíos del país es abatir la impunidad.
Por su parte, el senador Armando Contreras Castillo, del mismo grupo parlamentario, subrayó que la aprobación del dictamen era impostergable, luego de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que obliga al Estado a respetar, promover, proteger los derechos humanos y a reparar su menoscabo.
Además, establece en el Artículo 29, que bajo ninguna circunstancia que amerite la suspensión del ejercicio de sus derechos y sus garantías, se podría suspender el derecho a no ser torturado.
Finalmente hizo alusión al aumento de denuncias de casos de tortura por año, que en este sexenio se traduce entre 136 recomendaciones emitidas en 2006, 392 en 2007, 564 emitidas en 2008, mil 55 en 2009, mil 163 en 2010 y mil 666 en 2011.
Cifras a las que se agrega el incremento de denuncias por la comisión de tortura en el primer trimestre de este 2012, en diversas entidades federativas, como el caso de Nuevo León y San Luis Potosí.
El dictamen fue avalado por unanimidad con 90 votos a favor y se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.
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