Reforman leyes para apoyar a discapacitados

Foto: Esmás

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La Cámara de Diputados aprobó con 372 votos modificaciones a 17 artículos de los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales y Federal de Procedimientos Civiles, a fin de que el sistema de justicia incluya traductores en el lenguaje de señas y la escritura Braille en los procesos judiciales a que puedan estar sujetas las personas con discapacidad.

Las reformas avaladas buscan garantizar la equidad en la impartición de la justicia, para hacer obligatorias las medidas de atención a 5.1 millones de mexicanos, y no dejarlo al sentido común de los ministerios públicos, jueces y demás autoridades en la aplicación de la ley. El dictamen fue turnado al Senado para sus efectos constitucionales.

En México, 5 de cada 100 habitantes tienen alguna discapacidad. Del total de la población en esas condiciones, el 27 por ciento sufre una afección visual, el 12 auditiva y el 8 por ciento del habla.

A nombre de la Comisión de Justicia, la diputada del PRI, Mirna Esmeralda Hernández Morales, fundamentó el dictamen y afirmó que estas reformas contemplan la realidad de la población que padece algún grado de discapacidad auditiva, visual o del habla, y que se encontraba en desventaja.

Refirió que el artículo 74 del Código Federal de Procedimientos Penales contempla otros medios para presentar los citatorios, mediante el sistema de escritura Braille, en los casos que involucren a personas con discapacidad visual.

En el artículo 87 del mismo código, se establece la asistencia de un intérprete que tenga conocimiento de su medio de comunicación en las audiencias de declaración preparatoria y durante todo el proceso judicial, cuando el inculpado, el ofendido o algún testigo sea discapacitado visual, auditivo o silente.

Hernández Morales apuntó que mediante la modificación de 17 artículos de estos Códigos Federales se asegura que estos mexicanos tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones.

“Se garantiza el derecho de todo mexicano con alguna discapacidad a que sean asistidos gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua o forma de comunicación y traduzcan fielmente las preguntas y contestaciones que haya que transmitir”, señala el dictamen.

Se estipula como condición agravante, el hecho de que la discapacidad sea objeto de atentar contra la dignidad humana o se anule o menoscaben los derechos y libertades de las personas, precisó.

Durante los posicionamientos, el diputado de Nueva Alianza, José Angelino Caamal Mena, afirmó que estas reformas contribuyen a implementar políticas públicas que atiendan a todos los sectores de la sociedad como lo marcan los objetivos del milenio, en especial a las personas que padecen alguna discapacidad, con lo que México avanza en la cultura de la inclusión.

Refirió que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, en el país el 6.6 por ciento de la población reporta tener una discapacidad; de ese total, la dificultad para ver se cuantifica en 32.5 por ciento de incidencia, por lo que es el segundo tipo de discapacidad más constante.

Le siguen las dificultades para oír, que representan un 16.5 por ciento y la relacionada con hablar o comunicarse que alcanza el 8.6 por ciento.

A nombre del PT, la legisladora Lilia Aguilar Gil sostuvo una de cada 3 personas con discapacidad ha sentido que sus derechos no se han respetado por tener esta condición en algún juicio, por lo que la principal causa de denuncia de discriminación, atendida por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en 2013, fue precisamente la discapacidad, aseguró.

Demandó que la justicia llegue a todos los mexicanos, sobre todo porque México firmó y ratificó en 2007 la Convención sobre las Personas con Discapacidad, y de la cual fue promotor principal.

Por Movimiento Ciudadano, Zuleyma Huidobro González apuntó que a través de estas modificaciones se dota al sistema de justicia de las herramientas para “la remoción de barreras socioculturales, que excluyen a una parte importante de la sociedad –discapacitados- y le impide ejercer sus derechos en igualdad de condiciones y sin discriminación”.

Aclaró que el Código Nacional de Procedimientos Penales recién aprobado, “no contempla esta materia, por lo que nuevamente se va a tener que reformar cuando entre en vigor”.

Ernesto Núñez Aguilar, del PVEM, indicó que con estas reformas se avanza en la construcción de una sociedad más incluyente y libre de discriminación, cuando uno de los reclamos es que la procuración y administración de justicia dé certeza a los ciudadanos.

“Es deber del Estado proteger a los grupos vulnerables en especial a las personas con discapacidad, ya que por su condición son más susceptibles de sufrir atropellos por parte de la autoridad, y a menudo se presentan violaciones a las garantías individuales y de procedimiento en materia penal relacionados a quienes presentan una limitación sensorial”, explicó.

Por el PRD, el diputado Luis Espinosa Cházaro, subrayó que las personas discapacitadas son la minoría más numerosa y más desfavorecida a nivel internacional, por lo que los legisladores “debemos comprometernos para proteger la dignidad de las personas con discapacidad, disminuir la marcada desventaja social en que se encuentran y promover su participación en un plano de igualdad en los ámbitos civil, judicial, político, económico, social y cultural”.

Durante la discusión en lo general, la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Beatriz Córdova Bernal, dijo que las personas con capacidades diferentes enfrentan un sinnúmero de barreras que les impiden una inclusión efectiva en la sociedad, alentadas por gobiernos insensibles que no adoptan ni regulan medidas para facilitar un mejor desarrollo.

Destacó que la eficacia de las modificaciones a los tres códigos federales deberán acompañarse de políticas públicas que avalen debidamente el derecho de todo ciudadano a contar con un intérprete que le permita comunicar sus intereses dentro de un proceso judicial.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó a la que se efectuará el día 18 de febrero a las 11:00 horas.

 

=Cámara de Diputados=


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