Foto: Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
Daniela Rea/Agencia Reforma
Diversas organizaciones de derechos humanos que acompañaron la redacción y aprobación de la Ley de Víctimas, acusaron que la controversia constitucional emitida por el Presidente Felipe Calderón es una forma de negar los derechos de las víctimas de la guerra que emprendió.
El día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó la controversia constitucional presentada por el Ejecutivo federal contra la Ley de Víctimas. Con lo cual la vigencia y promulgación ordenada por el Presidente del Congreso queda suspendida hasta que se resuelva dicha controversia.
Para la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la decisión del Ejecutivo de acudir ante la SCJN cumple su objetivo al dejar sin efectos la mencionada legislación hasta tanto el órgano judicial no se pronuncie al respecto.
«Esta maniobra de último momento invalida todo el proceso de elaboración de la Ley, impulsado tanto por instituciones y expertos, entre ellos la UNAM, el INACIPE, el Movimiento de Víctimas y el consenso de todos los partidos representados en el Congreso de la Unión. La negativa de la oficina presidencial de publicar la Ley es una afrenta al derecho a la verdad y la reparación a las cuales está obligado el Estado mexicano de acuerdo con los estándares en materia de derechos humanos que en nuestro país son de orden constitucional«, dijo Juan Carlos Gutiérrez, director general de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Por su parte el padre Miguel Concha, director general del Centro de derechos humanos Francisco de Vitoria, acusó el uso político del instrumento y las víctimas.
«Es preciso hacer un paréntesis, para denunciar el manoseo de la Ley General de Víctimas por los panistas de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y de la Secretaría de Gobernación, que la secuestraron 20 días, probablemente con un objetivo electoral. El plazo constitucional establecido por el apartado b) del artículo 72 empezó a correr el 10 de mayo. Entonces el veto a la ley tendría que haberse enviado a más tardar el 9 de junio, es decir, en plena campaña electoral, lo que habría sido un escándalo mediático, que habría dañado a la candidata del PAN. Por eso maniobraron con intercambios epistolares irregulares para justificar la interrupción del plazo y el envío extemporánea del veto».
La CMDPDH y el Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria» consideraron en un comunicado que no existe en este momento sustento para abrir grupos de discusión entre SEGOB y víctimas para revisar la Ley.
«En vista de lo anterior, exhortamos a la Suprema Corte de Justicia que priorice el estudio de la controversia constitucional y convalide los argumentos esgrimidos por el Congreso de la Unión, ordenando al Ejecutivo que acate el oficio del Senado y publique esta ley urgente, legítima y representativa de las demandas y necesidades de miles de víctimas», dijeron.
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