Foto: Tiempo
El Pleno camaral aprobó que las pruebas de control de confianza de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública se realicen con estricto apego al respeto de los derechos humanos y la dignidad del evaluado.
Con la unanimidad de 436 votos a favor, se modificaron los artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 17 de la Ley de la Policía Federal, para garantizar la objetividad en la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de agentes del Ministerio Público y peritos.
Además, se busca que en los procesos de control de confianza, no sólo se observe el respeto de los derechos humanos y la dignidad del evaluado, sino se integre un reporte único con los informes parciales del proceso, en donde se analice y relacione de manera ordenada el historial de todas las fases, a efecto de emitir un resultado integral, único y final.
En la fundamentación del dictamen enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, la diputada priísta Elizabeth Oswelia Yáñez Robles refirió que en la evaluación se hace uso de un enfoque multidisciplinario e integral que, dentro del actual modelo nacional, se compone por pruebas toxicológicas, médicas, psicológicas, socio-económica y poligráficas.
Mencionó que si bien ya existe el sustento de diversas disciplinas científicas de verificación, es necesario incluir el concepto de objetividad como parte de los procesos de evaluación y control de confianza, así como el que desde el dispositivo legal se deje asentado el respeto irrestricto a los derechos humanos y la dignidad del evaluado.
“Es inevitable que aquellos a quienes se encarga la noble y vital función de la protección de la vida, propiedad, derechos y libertades de los mexicanos, también les sean respetados dichos derechos fundamentales”, afirmó.
En los posicionamientos, la diputada Sonia Rincón Chanona , de Nueva Alianza, denunció que la parte más fuerte de estas evaluaciones, es la del polígrafo que oscila entre tres o cuatro horas, en donde la mayor parte de los examinados coinciden en que éste examen viola los derechos humanos, pues el poligrafista es agresivo.
De Movimiento Ciudadano, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez expresó que estas reformas conllevaran a que dichas pruebas sean objetivas, su evaluación sea en forma integral y “no desasociada y subjetiva como se había venido realizando” y bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos de servidores públicos evaluados.
El diputado Felipe Arturo Camarena García, del PVEM, argumentó que el reto de la seguridad pública en el país es enorme, lo que exige un mayor grado de profesionalización y confianza por parte de los cuerpos policíacos y de los ministerios públicos para cumplir adecuadamente con la tarea de preservar la integridad, el patrimonio y la tranquilidad de la población.
Manifestó que el hecho de que las pruebas de control de confianza se realicen con estricto apego al respeto a los derechos humanos, representa una acción legislativa orientada a solventar los problemas que han presentado en el proceso de depuración de las policías y ministerios públicos.
=Mónica Muñiz=
(Con información de Cámara de Diputados)
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