Imagen: Opinión
Pese al persistente hostigamiento contra la defensora de Derechos Humanos (DH) María Luisa (Malú) García Andrade –en su momento debidamente denunciado–, el gobierno federal redujo las medidas de seguridad otorgadas en 2012 a la directora de asuntos jurídicos de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
En conferencia de prensa, la activista responsabilizó hoy al Estado mexicano de cualquier acto de violencia o agresión contra ella o su familia, pues lejos de protegerla le ha ido reduciendo el número de escoltas asignados para su resguardo.
En 2012 tras abandonar Ciudad Juárez, Chihuahua, a raíz del atentado contra su madre, Norma Andrade –fundadora de Nuestras Hijas–, a ambas defensoras les fueron asignados 12 escoltas, número que se ha ido reduciendo y ahora –a decir de Malú– sólo cuentan con seis de ellos, sin explicación alguna de las autoridades.
Al percatarse de la reducción de los guardias de seguridad, se reunió en la Unidad para la Defensa de los DH de la Secretaría de Gobernación (Segob), con su titular, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, y representantes de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Seguridad Pública y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Los funcionarios le informaron que no existía una orden expresa u oficial de ninguna dependencia de reducir la seguridad, por lo que desconocían a qué se debía la disminución de los elementos.
“Es por ello que responsabilizó al Estado de lo que pueda pasarme a mí o a los miembros de mi familia, pues ninguna dependencia se ha querido hacer responsable de la reducción de las medidas de seguridad aunque las amenazas en mi contra no han cesado”, puntualizó.
Relató que las amenazas se incrementaron a raíz del apoyo que brindó a ocho integrantes del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas de Ciudad Juárez para instalar en junio pasado un plantón frente a la Segob, donde se logró la firma de 10 acuerdos que –acotó García Andrade– aún no cumple el gobierno federal.
El pasado 17 de octubre Malú fue amenazada por un desconocido que le llamó por teléfono, le describió la vestimenta y la ubicación de sus hijos y la amenazó con asesinarlos. Cabe destacar que ella se encontraba en el Senado al momento de recibir la llamada.
Y sin embargo, ya desde el 4 de octubre se le había retirado un escolta más. Ayer, tras anunciar la conferencia de prensa, Segob integró de nuevo al elemento de seguridad.
En ese contexto, Malú García Andrade exigió al gobierno federal le otorgue una respuesta oficial y le restaure la seguridad antes de que concluya este mes.
Finalmente denunció que no es la única defensora de DH en riesgo de perder su vida o sufrir daños a su integridad física, pues especialmente en este año los ataques y agresiones contra las defensoras se han recrudecido y se sabe –de manera extraoficial– que el gobierno federal reducirá las medidas cautelares y de seguridad para otras 30 personas defensoras.
García Andrade es beneficiaria de las medidas otorgadas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de DH y periodistas desde 2012.
También desde 2008 la activista cuenta con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mismas que fueron extendidas en marzo de 2012.
=AZM=
(CIMAC)
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