Retiran partidos aval a diputada en mediación en conflicto

Foto: ALDF

Los vicecoordinadores de las bancadas del PAN en la ALDF, Laura Ballesteros Mancilla y del PRI, Jaime Ochoa Amorós, así como la vicepresidente de la Comisión de Educación de esta soberanía, Priscila Vera Hernández, retiraron el aval de estos partidos a la diputada del PRD, Yuriri Ayala Zúñiga para continuar formando parte en la mediación que la Asamblea realiza para resolver el conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, los legisladores explicaron que más allá de si la diputada perredista cuenta con un título universitario o cubre el perfil para presidir la Comisión de Educación de la ALDF, se trata de un conflicto de intereses, pues en días pasados pidió a través de un punto de acuerdo la salida de la UACM de la rectora Esther Orozco, siendo que Ayala Zúñiga forma parte de la comunidad de esa institución.

“Este es un tema que se discutió desde un inicio en Comisión de Gobierno, que es el máximo órgano en toma de decisiones en la Asamblea Legislativa y precisamente como integrante de esa Comisión y a nombre también de Federico Döring que es el otro integrante del PAN en Comisión de Gobierno, retiramos el aval a Yuriri para que siga siendo parte de este proceso y abonar a la mediación”, destacó la vicecoordinadora de Acción Nacional, Laura Ballesteros.

“Yo creo que el propósito fundamental de que la Asamblea intervenga es que podamos coadyuvar en la solución, y me parece que coadyuvar parte de una premisa fundamental que es la imparcialidad en la mediación, y es lo que estamos cuestionando, que si un integrante de esta Asamblea que no tenga esa imparcialidad debe excusarse de pertenecer a dicha mediación”, abundó la diputada Priscila Vera Hernández.

Los legisladores señalaron que el hecho de que dos grupos parlamentarios soliciten la excusa de la diputada Yuriri Ayala es parte de la pluralidad que existe al seno de la Asamblea y la intención de que la mediación sea imparcial, es necesario dijeron, que no interfieran intereses personales o políticos en un problema que el Gobierno del Distrito Federal no ha podido resolver como interlocutor.