Foto: Animal Político
Los ciudadanos no tendrán la posibilidad de acceder a versiones públicas de declaraciones patrimoniales de servidores públicos y dependerán de la voluntad de los funcionarios que decidieran publicitarlas, de acuerdo con las posturas exhibidas por los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a propósito de la revisión de un amparo interpuesto por Guillermo Ávila Reséndiz, colaborador del Centro de Análisis e Investigación Fundar.
Durante la sesión del pleno de la SCJN, en la que se revisó la propuesta del ministro José Ramón Cossío de invalidar el artículo 40, párrafo tercero, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el cual brinda la posibilidad a los servidores públicos de decidir si sus declaraciones patrimoniales se hacen públicas o no, la opinión de los ministros quedó seis abiertamente en contra de este proyecto, tres en favor y dos en concordancia del amparo a través de una interpretación conforme, sin declarar la inconstitucionalidad del párrafo impugnado.
Por mayoría, la tendencia es a desechar lo planteado por el ministro Cossío, lo que determinaría que la divulgación de la información sobre las declaraciones públicas será al albedrío del funcionario. A petición del ministro Cossío, se espera que la votación formal se realice el jueves de esta semana.
El caso tiene origen en el 2011, cuando Ávila Reséndiz solicitó ante la Auditoría Superior de la Federación información de las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados que integraban el Congreso de la Unión.
Luego de negarle los datos y presentar un amparo ante un tribunal, el caso llegó a la SCJN.
Los que argumentaron en favor de la propuesta fueron los ministros José Ramón Cossío, Sergio Valls Hernández y el ministro presidente Juan Silva Meza. En contra estuvieron Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Luna Ramos, Luis María Aguilar y José Fernando Franco Salas. Los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero manifiestan su apoyo al amparo sin declarar inconstitucional el artículo impugnado.
En relación con el caso, el Ministro Presidente de la SCJN dijo: “Considero que el derecho al acceso a la información (…) no solamente tiene un valor en sí mismo, como derecho fundamental y humano, sino que también tiene una gran importancia como medio para el ejercicio de otros derechos”.
El Ministro Silva Meza expuso que a través del acceso a la información, la sociedad puede convertirse en un vigilante de las autoridades que están a su servicio.
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(El Economista)
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