Foto: SCJN
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por 9 votos contra 2 una solicitud del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Nuevo León, correspondiente al conflicto generado por los amparos que impugnaron la licencia para el ex Alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, actual diputado federal por el PAN.
En este caso, la controversia deriva de la sentencia de dicho tribunal colegiado que había ordenado a Larrazabal mantenerse en el cargo de Alcalde, y el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que determinó que el político panista sí podía separarse y tomar posesión como diputado en ejercicio de sus derechos políticos.
En la sesión, los ministros acordaron que la facultad prevista en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no es procedente en este caso porque no existe para resolver diferencias generadas a raíz de sentencias definitivas dictadas por tribunales terminales, sino para cuestiones administrativas.
Así, se dejó abierta la posibilidad de atraer recursos pendientes relacionados con este litigio, aunque no está claro si dicha atracción tendría efectos prácticos, pues el periodo de Larrazabal expiró el 30 de octubre, y todo lo relacionado con la violación a la orden del tribunal colegiado ya está juzgado en definitiva.
En su mayoría, los Ministros desaprobaron la actitud del Primer Tribunal Colegiado, que en octubre determinó por dos votos contra uno que el Ayuntamiento de Monterrey violó la orden de mantener a Larrazábal en su puesto, y posteriormente pidió directamente a un juez de procesos penales ordenar la aprehensión de casi todos los integrantes del Cabildo.
«Hay un acuerdo del juez de procesos penales que mis respetos para el funcionario, que de manera muy jurídica y puntual, le dice al colegiado que carece de legitimación para llevar a cabo esa consignación», dijo Margarita Luna Ramos, quien también criticó al tribunal colegiado por «hacer un escándalo» y denunciar al juez ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Guillermo Ortiz Mayagoitia consideró que el CJF es el que deberá resolver si el juez estaba obligado a obedecer al tribunal colegiado, pero dio a entender que esa denuncia no se debió presentar; Salvador Aguirre consideró urgente aclarar el tema, dadas las actitudes de cierto tribunal colegiado, mientras que el Presidente Juan Silva Meza calificó de muy activa y muy enjundiosa la actuación de todos los juzgadores involucrados.
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