Se defiende mediante documento presidente de Cofetel ante legisladores

Foto: Cofetel

Mony de Swaan Adatti, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) señaló que las contrataciones de servicios realizadas por la Cofetel cumplen con los objetivos que establece la Constitución.

Mediante un comunicado,  De Swaan Adatti señaló que, ante la decisión de los integrantes de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados de cancelar la comparecencia programada para este miércoles, solicitó a la Secretaría de Gobernación ser el conducto para entregar de manera formal al presidente de la Mesa Directiva, el informe que pretendía dar a los legisladores.

Aquí el documento informativo del Comisionado Presidente.

Señoras y señores representantes de los medios de comunicación:

A la opinión pública:

El 18 de enero del presente año, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión acordó citar a comparecer a los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) ante la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, para informar sobre los procedimientos de contratación directa de servicios durante 2011 y 2012, haciendo referencia en particular a dos contratos, uno sobre materia legal y otro para servicios de comunicación estratégica firmado con la empresa Asesoría Estrategia Total S.C.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Rubén Alfonso Fernández Aceves, envió un oficio al Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en el que informó que en términos del artículo 9-E, fracciones I y III de la Ley Federal de Telecomunicaciones, el Comisionado Presidente de la COFETEL, asistiría solo a comparecer para dar cumplimiento al citatorio, en virtud de que en su investidura recae, de manera exclusiva, la organización, coordinación, dirección y representación legal de este órgano regulador.

Es así que en mi calidad de Presidente de la COFETEL, y convencido de que la rendición de cuentas es obligación y principio general de todo servidor público,  el día de hoy asistí puntualmente a dicha soberanía para dar respuesta a los planteamientos que realizarían los legisladores, y demostrar así, no sólo la absoluta legalidad y transparencia de los procesos de contratación celebrados por la Comisión, sino dejar constancia de mi absoluto respeto personal por los procesos republicanos de rendición de cuentas. Para estar en posibilidad de atender la convocatoria hecha por la Comisión de Función Pública, se tomó la determinación de postergar la sesión de Pleno programada para hoy, así como cancelar mi asistencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (para un tema de la mayor relevancia para el sector que regulamos) y un Foro organizado por el periodista Sergio Sarmiento.

Aún sin estar obligado constitucionalmente para comparecer ante la Cámara de Diputados, creo firmemente en el diálogo respetuoso y republicano entre poderes, por lo que invariablemente he atendido todas y cada una de las invitaciones que el H. Congreso de la Unión ha realizado a reuniones de trabajo o comparecencias. Todas, sin excepción, pues creo que esa es la única forma en la que lograremos construir los consensos y avanzar las reformas que requieren los mercados que la Comisión regula.

En esta ocasión, acepté acudir también, pues considero imprescindible dejar perfectamente claro (para los diputados y sobre todo para la ciudadanía) que las acusaciones que se han dirigido en mi contra con respecto a supuestas irregularidades en los procesos de contratación de dos entidades consultoras no tienen fundamento alguno y en buena medida están diseñadas no sólo para dañar mi prestigio, sino a la misma institución, debilitándola frente a los intereses particulares de los agentes regulados.

He esperado pacientemente la oportunidad de informar y aclarar todas las inquietudes que, sobre temas administrativos, se han difundido en semanas recientes. He sido respetuoso del  lugar que merece el Poder Legislativo y reitero mi  absoluta disposición a un diálogo constructivo y a la eficaz rendición de cuentas, pero también llamo a que ello ocurra de manera recíproca. A pesar de la cancelación, durante el inicio de la comparecencia varios  legisladores continuaron con insinuaciones, varias  de ellas secuela de una conferencia de prensa organizada el día de ayer.

Es decir, mientras que las acusaciones continúan, los espacios formales e institucionales de rendición de cuentas se cierran. Ante este escenario, considero un deber personal e institucional informar la posición de un servidor y responder por esta vía las inquietudes planteadas.

Por lo anterior, he solicitado a la Secretaría de Gobernación ser el conducto para entregar formalmente al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el informe que el día de hoy pretendía entregar a la Comisión frente  a la cual debía comparecer. De igual manera, y al ser un tema que se encuentra ya en la opinión pública, he tomado la decisión de ponerlo a disposición de todo interesado en la siguiente dirección:

http://www.cft.gob.mx/swb/Cofetel_2008/Comisionado_Presidente

En el texto referido se da una explicación detallada de cada uno de los asuntos por los cuales fui llamado a comparecer. Aquí sólo quisiera destacar algunos de los argumentos que considero más relevantes y que responden precisamente a las acusaciones del diputado César Augusto Santiago Ramírez.

Respecto a la imputación sobre el supuesto tráfico de influencias donde se dice que ejercí presión a un regulado (Alestra), para contratar una empresa consultora, reitero que nunca he presionado a ningún regulado para que contrate, deje de contratar, promueva o deje de promover, tema alguno. De hecho, si recordamos que  buena parte de las inquietudes señaladas por los diputados se derivan de dos notas periodísticas, deberá ser motivo de tranquilidad para ellos leer la nota publicada por CNN Expansión  titulado “La Cofetel, en la línea de fuego”, donde tras haber entrevistado a Alestra, la empresa niega categóricamente haber sido objeto de presión por mi parte. Es decir, el supuesto conflicto de interés ha perdido sustento.

También se ha dicho, sin fundamento alguno, que la casa de Valle de Bravo que arrendaba formaba parte de este supuesto círculo de favores.  Nada de cierto hay en esto. Tengo documentos que comprueban la legalidad del contrato de renta, recibos fiscalmente requisitados por arrendamiento, así como copias de los cheques con sus respectivas fichas de depósito por concepto de renta, mantenimiento, arreglos y salarios.  Reitero mi absoluta disposición para presentar esta documentación disposición ante las autoridades competentes en caso de que sean requeridos.

El día de ayer, por primera vez tuve conocimiento de que la COFETEL expidió en 2011 un cheque a nombre de Oscar Varela, quien en ese entonces trabajaba en esta Comisión. No tengo más información al respecto que la que ha circulado en medios a raíz de la conferencia de prensa del diputado Santiago. No obstante, lo que puedo decir es que he solicitado al Órgano Interno de Control realizar una  investigación exhaustiva al respecto.

En la conferencia de prensa del día de ayer, el diputado Santiago acusó a la COFETEL de mentir por reportar montos menores a los reales estipulados en los contratos, así como de ocultar información al no revelar todos los contratos que ha firmado, concretamente refiriéndose a la empresa ShowPoint, con la que la  COFETEL contrató el servicio de organización de eventos en tres ocasiones durante 2011. Las imputaciones del diputado son completamente falsas.

La COFETEL ha cumplido con su obligación legal de publicar en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) todos y cada uno de los contratos firmados con terceros, así como con la obligación de publicar, por separado, un listado de todos los contratos de asesorías, consultorías, estudios e investigaciones. Por obvias razones y por mandato legal, en este último listado no deben aparecer todos los contratos de la Comisión, sino solamente aquellos que corresponden a las materias citadas.

En este sentido, el caso concreto del contrato con la empresa ShowPoint (cuyos servicios no fueron de asesoría, consultoría, estudio o investigación, sino de organización de eventos) fue publicado debidamente en el Portal de Transparencia. La veracidad de estos hechos, contra la versión difundida por el Dip. Santiago,  fue confirmada por el Notario Público Núm. 181, Lic. Miguel Soberón Mainero al expedir una fe de hechos confirmando que en la página aparece la información vinculada con la empresa ShowPoint.

Así como se señalan con toda claridad y se atajan los hechos falsamente declarados, se reconoce que la COFETEL efectivamente tuvo un breve retraso en la publicación de los contratos en el POT durante el tercer trimestre de  2011. Este error, que se explica por exceso en las cargas de trabajo, fue subsanado una vez que nos percatamos de él.

Por otra parte, quisiera reiterar que la COFETEL siempre ha publicado los contratos declarando con exactitud los montos que se pagaron  por los servicios. Nunca se ha modificado el contenido de ninguno de ellos, como también sugiere con falsedad el Dip. Santiago. Lo que quizás no comprendió el legislador es que la forma cotidiana, normal, que toma esta práctica de transparencia es publicar el monto antes de aplicarle el Impuesto al Valor Agregado (16%). Basta aplicar una operación aritmética simple, multiplicar los montos por 1.16, para obtener el total pagado. Ahora bien, para algunos contratos plurianuales (2011-2012, particularmente los de los abogados Aguilar Zinzer y Gutierrez Pier) — todos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público—, hay que tener presente que lo reportado en la página electrónica es el monto correspondiente al ejercicio fiscal 2011.

Debido a que todo contrato plurianual está sujeto a la suficiencia presupuestaria del año siguiente, no es posible reportar los montos de contratos aún condicionados. Sin embargo, en todo momento, en la página electrónica se indica clara y transparentemente cuáles de los contratos obedecen a esta lógica, y el cálculo resulta bastante simple. No hay, como imputa el Dip. Santiago, “maquillaje” alguno de ningún contrato en la Comisión.

El compromiso de la Comisión Federal de Telecomunicaciones con la transparencia se refrenda con el esfuerzo cotidiano no sólo de mantener actualizadas ambas bases de datos (el POT y la relación de asesorías, consultorías, estudios e investigaciones) sino atendiendo además todas las solicitudes de información que se reciben por conducto del IFAI, algo que se ha logrado satisfactoriamente incluso a pesar de contar con recursos limitados.

El propio IFAI ha reconocido esto en su Índice de Transparencia publicado en septiembre de 2011, donde ubicó a la COFETEL en 83 puntos, contra 77 que tenía un año antes. Es decir, se reconoció a la Comisión un avance en materia de transparencia de cinco puntos en sólo 12 meses, algo que fue posible gracias al cumplimiento cabal de nuestras obligaciones.

El diputado Santiago también miente al establecer vínculos corporativos y accionarios entre las empresas Estrategia Total (o uno de sus socios, el señor Peter Bauer) y la empresa ShowPoint. Entre ellas no existe tal relación, y tengo entendido que el socio de una de ellas ya envió a la Comisión de la Función Pública una carta desmintiendo esta imputación. Sobre la empresa “CLEF”, que menciona el diputado Santiago en las láminas de su presentación, puedo garantizar que no existe ningún contrato entre ésta y la COFETEL.

Finalmente me gustaría concluir con algunas precisiones respecto a uno de los temas centrales por los que se me llamó a comparecer, los contratos con la empresa consultora Estrategia Total y el abogado Pablo Ojeda.

Con respecto al contrato de prestación de servicios de asesoría y consultoría legal especializada, la contratación respondió a la necesidad de la Comisión Federal de Telecomunicaciones de contar con diversos documentos jurídicos en cuatro temas fundamentales:

1) La consulta sobre la asignación directa de frecuencias para operar una red privada de telecomunicaciones para el sistema ferroviario y el tren suburbano.

2) La interpretación, naturaleza jurídica y efectos legales del Registro de Telecomunicaciones.

3) La interpretación jurídica del proceso de transición a la televisión digital terrestre.

4) El análisis jurídico de los supuestos y efectos del proyecto de Reglamento Interior de la COFETEL.

Para ello, tras realizarse el estudio de mercado correspondiente, tal como lo establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el 7 de julio del 2011, el Coordinador General de Consultoría Jurídica de la COFETEL formuló una invitación a tres despachos de abogados, incluido el del licenciado Pablo Ojeda Cárdenas, para efecto de que presentaran una cotización por los servicios profesionales arriba mencionados.

El abogado Ojeda Cárdenas respondió a la invitación el 14 de julio de 2011 con una propuesta de honorarios por $1,060,000.00 (un millón sesenta mil pesos), en tanto los otros dos despachos presentaron, los días 15 y 18 de julio de 2011, sus cotizaciones por $1,800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos) y $1,600,000.00 (un millón seiscientos mil pesos), respectivamente.

Dado que la propuesta presentada por Pablo Ojeda no sólo cumplió con el requisito de estar dentro del rango de precios de mercado, sino que fue inferior a las cotizaciones de los otros dos despachos, el 10 de agosto del 2011, la Coordinación General de Administración de la COFETEL notificó a Pablo Ojeda Cárdenas la adjudicación del contrato. Lográndose con esto garantizar las mejores condiciones económicas para el Estado mexicano.

La COFETEL recibió del abogado Ojeda Cárdenas, en tiempo y forma, cada una de las opiniones jurídicas solicitadas en las fechas siguientes: 25 de agosto, 2, 12 y 15 de septiembre de 2011. Los documentos recibidos cumplieron plenamente con lo que la Comisión había solicitado. Incluso, se destaca, los documentos jurídicos producto de esta asesoría fueron analizados en diversas sesiones del Pleno de la COFETEL en las que se discutieron los temas referidos y han sido parte integral de las decisiones tomadas por la Comisión para la conducción de la política pública.

Por otra parte, la prestación de servicios especializados en materia de comunicación estratégica, se requirió ante la inexistencia de una estrategia integral en la materia. En la Comisión no había estudios sobre audiencias ni la construcción de mensajes. Tampoco existían indicadores claros para medir el desempeño de la gestión de comunicación social en función de objetivos concretos.

Ante esta realidad y la ausencia de recursos humanos especializados en la materia, el 29 de junio de 2011, el Coordinador General de Comunicación Social de la Comisión formuló una invitación a tres empresas. Asesoría Estrategia Total presentó una cotización por $1,440,000.00 (un millón cuatrocientos cuarenta mil pesos), la cual fue evaluada como la mejor propuesta tanto por la experiencia que acreditó la empresa en el campo de especialidad para la prestación de los servicios, como por constituir la mejor oferta en términos económicos. Las otras dos empresas convocadas enviaron cotizaciones de $1,640,000.00 (un millón seiscientos cuarenta mil pesos) y $1,720,000.00 (un millón setecientos veinte mil pesos), respectivamente.

Entre los servicios proporcionados por la empresa contratada destacan la plataforma de comunicación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para 2011-2012, el mejoramiento procesal y programático de la gestión  de la Coordinación General de Comunicación Social en su relación con las áreas sustantivas de la COFETEL y con audiencias externas específicas, así como la conceptualización y lanzamiento del sitio MICOFETEL, el cual es una plataforma innovadora de comunicación entre la Comisión y los usuarios de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. MICOFETEL representa el primer paso que el órgano regulador mexicano da en esta dirección,  en un esfuerzo por generar mayor competencia en el mercado empoderando a los usuarios finales.

Sobre MICOFETEL se ha dicho que la página electrónica no estaba registrada a nombre de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Se trata de otra mentira del Dip. Santiago. En la página del regulador de dominios (www.nic.com.mx) se puede comprobar que el administrador del dominio www.micofetel.gob.mx es Jaime Lima Romero, quien labora en COFETEL desde hace 11 meses. Un dominio con terminación “gob.mx”, sólo puede darse de alta presentando una copia del nombramiento del solicitante como servidor público.

Las dos contrataciones referidas arriba tuvieron la misma práctica y procedimientos que el resto de los contratos adjudicados por COFETEL, cumplen con todos los requisitos legales y tienen como fin lograr que se desahoguen adecuadamente las labores del regulador que actualmente cuenta con un mínimo de capital humano  para atender el volumen y complejidad de trabajo que se enfrenta diariamente.

En cuanto a los contratos celebrados con los despachos de Gutiérrez Pier y Aguilar Zinzer para apoyar a la COFETEL en materia penal y de litigios administrativos, es importante decir que la COFETEL consiguió un ahorro muy significativo con respecto a lo que se pagaba por estos servicios en años pasados. Es así que para atender litigios, en 2009 la Comisión pagó en promedio 306 mil pesos mensuales y en 2010 pagó 408 mil pesos. En cambio, en 2011, al despacho Gutiérrez Pier y Ortega se le pagaron 272 mil pesos; y para 2012 se le pagarán 251 mil pesos. En el caso del asesor externo en materia penal, encontramos la misma situación, pues para el año 2009 la Comisión pagó en promedio por mes 386 mil pesos, y 408 mil pesos en 2010. En contraste, al Lic. Gonzalo Aguilar Zinzer, en 2011 se le pagaron 298 mil pesos y para 2012 se le pagarán 289 mil pesos por mes de servicios profesionales.

El beneficio directo de contar con estos asesores externos se traduce, entre otros, en 80% de resoluciones favorables en juicios de amparo, lo que implica que las decisiones del órgano regulador están siendo confirmadas, en cuanto a su legalidad y constitucionalidad, por los órganos jurisdiccionales.

La contratación de servicios especializados es una práctica histórica en la Comisión Federal de Telecomunicaciones y perfectamente común en todos los órganos reguladores del mundo. La razón de esto es la creciente diversidad  y complejidad técnica de los temas relacionados con los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, situación que obliga a los órganos reguladores a complementar sus recursos institucionales con equipos externos de especialistas para mejorar la efectividad y eficiencia de sus decisiones.

Dentro de esta práctica internacionalmente aceptada, es importante señalar que el gasto promedio que destinan a otros organismos reguladores de telecomunicaciones en el mundo para la adquisición de estudios, asesorías, comunicación y servicios externos, asciende a 28.5% de su presupuesto total. En cambio, en la COFETEL, los recursos que se destinan a este tipo de servicios alcanzan apenas 16%; es decir, 50% menos que nuestras contrapartes.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece que la suma de las operaciones que se realicen a través del procedimiento de adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas no podrán exceder de 30% del presupuesto de adquisiciones y, la COFETEL, en estricto cumplimiento a dicha disposición, ejerció únicamente 10.43% de ese presupuesto por esta vía.

Las contrataciones de servicios realizadas por la COFETEL, cumplen con los objetivos de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez prescritos en el artículo 134 constitucional. En todos los casos, independientemente del procedimiento de contratación, se da vista sin excepción al Comité de Adquisiciones de la institución, en la cual participa el Órgano Interno de Control.

Es claro que el interés por esta comparecencia se origina por dos notas periodísticas, la primera de ellas a cargo de la Agencia Reuters. Es  mi obligación señalar —porque al transcribirla el Punto de Acuerdo presentado por el Dip. Santiago lo omite— que Reuters misma concluye que no existe evidencia alguna de que un servidor haya recibido beneficios financieros por la firma de los dos contratos que ameritaron esta comparecencia.[1]