Imagen: Ciencia Cósmica
En el marco del III Encuentro Regional del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, especialistas de universidades de Colombia, Argentina y Chile, plantearon una metodología de acceso a la alimentación, dirigida a los responsables de elaborar las políticas públicas en México.
Debido a la falta de conocimiento sobre los derechos humanos entre la población de los países en desarrollo, las y los especialistas propusieron gestionar un proyecto sustentable, para llevar a cabo de manera satisfactoria, el ejercicio del derecho a la alimentación.
Durante el encuentro realizado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el representante de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, Siro de Martini, destacó que la difusión e información sobre el derecho a la alimentación debe ser un mecanismo de acceso a la justicia, en todos los países latinoamericanos.
Reveló que la problemática social no es atendida en la mayoría de los casos, debido a la falta de denuncias ante las autoridades por parte de los afectados. Por lo que urgió al desarrollo de políticas públicas que garanticen el goce y la satisfacción del alimento.
Indicó que los resultados en materia de alimentación y el combate contra el hambre, sólo serán posibles mediante el respeto, la realización y la protección de las autoridades. Así mismo, consideró que “los Estados deben tomar medidas legislativas y administrativas necesarias para su concreción a través de los Derechos Económicos Políticos y Sociales”.
Ante este panorama, el Director de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad de la Sabana, en Colombia, Juan Fernando Sánchez Jaramillo, indicó que “para abatir el hambre, el ejercicio del derecho a la alimentación se debe aplicar naturalmente en una política pública con enfoque en seguridad alimentaria”.
Dijo que a raíz de la problemática se debe actuar frente a la emergencia “con una metodología que combine los componentes de la seguridad alimentaria y del derecho a la alimentación, con los componentes de la gestión del riesgo, entendida como gestión para el desarrollo”.
Por lo que invitó a las autoridades mexicanas a generar estrategias que garanticen la seguridad y el acceso a la alimentación de sus habitantes.
En tanto, la catedrática Isabel Goyes, representante de la Universidad de Nariño, del extremo sur de Colombia, compartió el funcionamiento de los programas de alimentación aplicados en su país, con enfoque en la autonomía de los pueblos originarios y comunidades indígenas.
Enfatizó la participación del sector agrícola como eje fundamental de crecimiento y el uso de los no transgénicos como mecanismo de alimentación en las comunidades vulnerables.
Al respecto comentó: “Estamos pendientes del estudio que aporta el valor nutritivo de lashagra (terreno para siembra y distribución compartida) y queremos averiguar que tan posible es repetir esta experiencia exitosa en otros resguardos, así como incidir en otras regiones donde por fortuna estas diferenciaciones todavía subsisten”.
En la clausura del evento organizado por la CDHDF, la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre 2025 (ALCSH) y el Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y El Caribe (ODA-ALC), Nicolás Cobo Romaní de la Pontificia Universidad Católica de Chile, defendió la bondad de los productos no transgénicos.
Aseguró que con la libre decisión de los agricultores en materia de biodiversidad y coexistencia, se puede garantizar la alimentación y el combate contra el hambre, en el mundo.
=CDHDF=
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