Foto: CDHDF
En la ciudad de México la figura del arraigo y la tortura son utilizadas como métodos de investigación y persecución de los delitos, dijo el Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Mario Patrón Sánchez.
En conferencia de prensa, en la que el Diputado Local Jorge Gaviño Ambriz presentó el Proyecto de Decreto por el que se deroga el Artículo 270 Bis del Código de Procedimiento Penales para el Distrito Federal, Patrón Sánchez señaló que, mientras en un Estado democrático de Derecho se detiene a las personas como consecuencia de una investigación, cuando se aplica la figura del arraigo se les detiene mientras se les investiga.
“Estamos en una ciudad donde ha habido múltiples avances en la agenda de derechos humanos, en la de las mujeres y en la de los derechos sexuales y reproductivos, pero tenemos una agenda de seguridad con fuertes déficits”, señaló.
El arraigo hoy en la ciudad se aplica contrario a la Constitución, insistió, tanto en los plazos, al sitio de arraigo y por los delitos imputados, además de que la persona arraigada, que tiene esa condición por una Orden Judicial, queda a disposición de la propia autoridad ministerial e investigadora, de la Procuraduría capitalina.
“Se puso por primera vez, en el Artículo 20 Constitucional, el Derecho a la Presunción de Inocencia, como uno de los grandes paradigmas. Paralelamente, en el párrafo octavo del Artículo 16, se estableció la figura del arraigo. Es decir, estamos hablando de una Reforma Constitucional bipolar, esquizofrénica y contradictoria: por una parte se reconocen derechos y por otro se eliminan”, señaló.
Al rechazar que la figura de arraigo en el Distrito Federal sea equiparable a las medidas cautelares que autoridades judiciales aplican en otras entidades del país, explicó que en esos casos, es el Poder Judicial quien tiene a disposición a las personas inculpadas y no la autoridad que las investiga.
“Por eso el arraigo es tan peligroso, por eso el Comité Contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas dice que es una figura que hay que eliminar, porque es una detención arbitraria que propicia la tortura, como hemos podido constatar en el Distrito Federal, donde es una de las violaciones a derechos humanos”, reiteró.
Dijo que se han documentado violaciones a los derechos humanos de las personas arraigadas a través de mecanismos de incomunicación, del impedimento para ver a sus abogados/defensores en privado y con el tiempo necesario, por no informarles del estado procesal de la averiguación previa, evitando su acceso a todos los tomos de la averiguación previa para que su abogado diseñe una defensa adecuada, y realizando diligencias en el Centro de Arraigos para el reconocimiento, la confrontación y la toma de declaraciones, sin citar a su defensa, entre otras prácticas.
“Estamos hablando del arraigo como una figura jurídica que en sí es violatoria de derechos humanos y que además, tal como se aplica en la ciudad, violenta diversidad de derechos, como los del Debido Proceso”, subrayó Patrón Sánchez.
Recordó que a través de su Recomendación 2/2011, la CDHDF pidió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) la eliminación del arraigo, así como la elaboración de propuestas de reforma para derogarla: “Pero hasta hoy, los puntos no fueron totalmente aceptados ni cumplidos”.
La investigación de la aplicación del arraigo, señaló, incluyó 92 casos que datan de 2008 y hasta 2011: “En 2008 se realizaron 46 solicitudes de arraigo en la ciudad que involucraban a 76 personas; en 2009 se solicitaron 142 para 282 personas; en 2010 fueron 172 para más de 400 personas. Documentamos el uso sistemático y desmedido de la figura del arraigo para todos los delitos, no sólo de delincuencia organizada y que agravian la vida, la libertad u otros bienes jurídicos básicos”, agregó.
Desde la CDHDF, sostenemos, insistió Patrón Sánchez, que la discusión del arraigo no está en razón de su efectividad, sino en que si la criminalidad ha ‘mejorado’ sus formas y estrategias, cuestionarnos si nuestra Policía de Investigación también ha mejorado en sus formas y estrategias.
“El debate es otro: eliminemos el arraigo y hablemos de la implementación de la Reforma Penal, porque en el sistema acusatorio no hay arraigo, no es compatible. La ciudad de México se está perdiendo ese debate y es hoy una de las entidades más atrasadas en la implementación de la Reforma Penal de 2008”, advirtió.
Exhortó a las y los Diputados que integran la Asamblea Legislativa a atender la Recomendación del Comité contra la Tortura, en el marco del Artículo 1º Constitucional, que señala que tal recomendación al Estado mexicano como vinculatoria por parte del órgano de la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos crueles e inhumanos: “Hoy, ante un cambio de gobierno, estamos también ante la oportunidad para que, desde ya, se empiece a dejar de aplicar el arraigo en el Distrito Federal”.
En tanto, el Diputado del Partido Nueva Alianza en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Jorge Gaviño Ambriz, exhortó a las y los Diputados a hacer suya y aprobar la Iniciativa de proyecto de Decreto para la eliminación del arraigo, votando en consciencia y no por consigna ante el Pleno.
Al exponer los motivos de la Iniciativa que presentó hoy en Sesión Ordinaria, reiteró que la aplicación de la figura del arraigo es una total violación y un delito en contra de la propia Constitución y que al implementar la Reforma Penal aprobada en 2008, de cualquier manera deberá quedar atrás, pero que en tanto va en detrimento de los derechos humanos de la ciudadanía, tanto de las personas inculpadas, como de las víctimas del delito, ante un sistema de justicia obsoleto.
Por su parte, el Director General de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), A.C., Juan Carlos Gutiérrez Contreras, insistió en la necesidad de atender las recomendaciones de los organismos regionales e internacionales para derogar el arraigo, que a decir de las autoridades a nivel nacional ha probado una eficacia de 3% y a nivel local de 20% de las personas inculpadas que llegan a recibir una sentencia condenatoria.
Y es que, lamentó, no se premia a la mejor investigación, sino a los agentes que presentan el mayor número de consignaciones, aunque durante el proceso los jueces terminen por desechar las averiguaciones previas, por estar mal integradas.
Coincidió en señalar que la propuesta de reforma es técnicamente sólida y exhortó a que la mayoría de los Diputados en la ALDF sean congruentes con su compromiso histórico y con la defensa de los derechos humanos, así como en el cambio de paradigma sobre la persecución de los delitos: del sistema inquisitorial al sistema penal acusatorio.
En la conferencia de prensa, también estuvieron presentes el Consultor General Jurídico y la Coordinadora de Interlocución Institucional y Legislativa de la CDHDF, Fernando Coronado Franco y Soledad Guadalupe López Acosta, respectivamente.
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