Foto: Senado
El Pleno de la Comisión Permanente urgió a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal establecer las medidas necesarias para que revise si en el proceso penal en contra de Ana María Orozco Castillo se acreditaron posibles violaciones a derechos humanos y, en su caso, proceder conforme a derecho.
En tanto, al titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal lo conminó a implementar acciones que velen por el interés superior de los hijos de la señora Orozco Castillo, así como brindar atención para su desarrollo integral.
En el dictamen avalado, la Primera Comisión manifestó la importancia de cuidar el cumplimiento de la ley en un tema de interés público con relación a evitar las prácticas de corrupción dentro de los máximos órganos del Estado que dictan justicia en el país.
Lo anterior, tras destacar que el 7 de junio la titular del Juzgado 69 Penal del Tribunal superior de Justicia del Distrito Federal dictara auto de libertad por el delito de fraude genérico a Ana María Orozco, ex pareja sentimental del Ministro en retiro, Genaro Góngora Pimentel, por no haberse demostrado en forma plena el ilícito, ordenando su absoluta e inmediata libertad.
Los legisladores estimaron que persiste una legítima preocupación en el sentido de que las instancias competentes analicen si en el caso existieron violaciones a derechos humanos fundamentales de la señora Orozco, así como respecto a la protección de los menores de edad.
Al presentar su posicionamiento, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo afirmó que el problema es que “hay cientos de góngoras. El gongorismo en México es una práctica recurrente”.
El magistrado en retiro, señaló, no solamente hizo uso de sus influencias sino que “la violencia intrafamiliar está a la orden del día”, por lo que es momento de que el Congreso se pronuncie sobre el interés superior del niño, si es un tema local o federal, porque lo que está en juego es la atención, vida e integridad de las niñas y los niños.
Se debe trabajar sobre el Código Civil, limpiándolo y el de Procedimientos Civiles también federal, porque son letra muerta y el gongorismo campea de lado a lado en este país, aseguró.
A su vez, la diputada perredista Lisbeth Eugenia Rosas Montero indicó que se trata de un caso muy delicado que si no se hubiese hecho público Ana María seguiría siento víctima de una situación “a todas luces irregular en donde se ha hecho uso de artimañas y argucias jurídicas”.
Es un asunto que tiene que ver con el interés superior de la protección a los menores en una situación de incapacidad de llevarse bien en su rol de padres de familia, tanto el ex ministro como su ex pareja sentimental y que finalmente se deriva en la violación de diferentes circunstancias y hechos, agregó.
El punto central, consideró, es el llamado de atención a erradicar las prácticas de tráfico de influencias. Es lamentable que en México, específicamente en el DF, haya 12 mil divorcios por año, de los cuales 10 mil padres de familia incumplen su obligación de la atención alimenticia.
Aunado a esto, el INEGI ha manifestado que 67.5 por ciento de las madres solteras no reciben tampoco pensión alimenticia.
Por esto es importante dar seguimiento puntual a estos “vergonzosos hechos de un ex impartidor de justicia que estuvo en el más alto tribunal del país”, aseguró.
Finalmente, señaló que el exhorto no debe ir solamente dirigido a la Comisión de Derechos Humanos sino más allá, debe dar seguimiento puntual a las investigaciones que se puedan derivar del uso irregular de funciones por parte de servidores públicos de la Procuraduría o del TSJDF en donde existe el riesgo de que la señora Orozco sea separada de sus hijos.
=Senado=
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