Foto: SRE
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó a la Cámara de Diputados que el incremento de demandas en contra del Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) amerita tener una legislación en materia de reparación del daño por violaciones a las garantías individuales.
Indicó que la reparación del daño es fundamental y necesaria, toda vez que México no cuenta con los mecanismos internos que garanticen el efectivo cumplimiento de las distintas formas de reparación y los cuales se adecuen a los estándares internacionales.
Ello, en respuesta a un dictamen con punto de acuerdo aprobado por el Pleno Camaral el 2 de febrero.
Los diputados sugirieron convocar a organismos autónomos, sociales, académicos, especialistas nacionales e internacionales, para que contribuyan al enriquecimiento del marco normativo, relativo a la reparación de daño, que conforme a los artículos transitorios del decreto de junio de 2011, tendrá que expedirse en un plazo máximo de un año contado a partir de su entrada en vigor.
Precisaron que las propuestas al respecto permitirán a la Cámara de Diputados, dentro de un marco de cooperación interinstitucional, fortalecer las visiones que materialicen la reforma constitucional en su sentido amplio.
Al respecto, la SRE menciona que si bien es un paso significativo establecer la obligación de reparar el daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos, la eventual presentación al Congreso de la Unión de una iniciativa en esa materia deberá adecuarse en su totalidad a los estándares internacionales.
Destaca que durante la elaboración del proyecto se deberá tratar con cautela el establecimiento de competencias tanto en el ámbito de determinación como en el de cumplimiento ya que, de incorporarse disposiciones afines, la legislación resultaría no conforme con el derecho internacional.
La dependencia sugiere que la legislación sea de orden público y de observancia general en toda la República, ya que en muchos de los casos la autoridad responsable podría resultar del ámbito local.
La Secretaría de Relaciones Exteriores precisa que el Estado mexicano deberá prever la responsabilidad de sus agentes en todos los niveles de gobierno, a fin de que la ley sea efectiva en la contención de casos ante instancias internacionales.
En el caso de un Estado federal, como el mexicano, subraya, la distribución de competencias no puede ser un obstáculo insalvable para atender la obligación de reparar. De igual modo, la ley deberá prever mecanismos accesibles, ágiles, sencillos, completos y definitivos para la determinación y ejecución de la reparación.
Por ello, considera que el juicio de amparo podía resultar la vía idónea para la determinación de violaciones al debido proceso. Sin embargo, “es indispensable establecer las competencias de investigación y juzgamiento de posibles violaciones a derechos humanos sustantivos (ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas)”.
En el documento, la SRE añade que este rubro se estima delicado ya que la autoridad investigadora de una violación podría resultar ser la misma que la perpetró y con ello presumir la parcialidad en la investigación.
No obstante, afirma, esta situación podría resolverse mediante la creación de una Fiscalía Especializada en la Procuraduría General de la República y, de ser el caso, posteriormente en el proceso penal ante el Poder Judicial Federal.
De igual modo, sugiere incluir en los trabajos para la elaboración de la iniciativa de ley sobre reparación del daño a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría Fiscal, instituciones que podrán proponer mecanismos de coordinación fiscal para hacer frente a la ejecución de las reparaciones.
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