Tareas del INE

Después de que fueron promulgadas las leyes secundarias de la reforma política, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene al menos tres tareas en las que debe trabajar «a marchas forzadas» para poder comenzar la organización de los comicios federales y locales de 2015, coinciden en señalar especialistas.

El INE sólo cuenta con entre cuatro y seis meses para cumplir con esos pendientes, debido a que el Congreso se retrasó en aprobar la legislación necesaria.

Las normas en cuestión debían haber sido avaladas por diputados y senadores a más tardar el pasado 30 de abril. Sin embargo, los desacuerdos entre los principales partidos postergaron el proceso hasta el 16 de mayo, mientras el presidente Enrique Peña Nieto publicó las nuevas leyes el viernes pasado.

«El retraso en la aprobación de las leyes dejó poco tiempo; (los consejeros del INE) tienen que empezar a operar a marchas forzadas», dijo en entrevista el académico César Astudillo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Días antes, el propio consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, reconoció que la institución enfrenta un desafío «mayúsculo» por las tareas que debe realizar y las expectativas sobre su desempeño en 2015, aunque confió en que logrará superar sus retos.

«Las consejeras y los consejeros electorales estamos empeñados en hacer del INE una institución emblemática de la democracia mexicana y de la transparencia electoral», aseveró el 15 de mayo, en un discurso ante funcionarios del instituto.

Nuevos reglamentos

El primer pendiente del INE es ajustar sus reglamentos internos, para lo que debe modificar las 22 normas que correspondían al extinto Instituto Federal Electoral (IFE) —al cual sustituyó en abril pasado— y crear nuevas reglamentaciones en caso de considerarlo necesario.

Algunos de los documentos que requieren modificaciones son el reglamento de Comisiones del INE, el de Quejas y Denuncias, el de Radio y Televisión, y el de Transparencia.

Para hacer esos ajustes, el INE tiene un plazo de seis meses que se cumplen a finales de noviembre, según la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).

Sin embargo, algunos especialistas en la materia consideran que lo más conveniente es que lo haga antes del inicio del proceso electoral, la primera semana de octubre, para que la contienda cuente con reglas claras desde el principio.

«El INE puede ir modificando sus reglamentos incluso ya iniciado el proceso electoral, pero no es lo más adecuado porque en los reglamentos también se establecen las reglas que hay que cumplir. Lo idóneo es que antes de iniciar el proceso electoral estén claras todas las reglas», señaló Astudillo.

Uno de los aspectos que se detallarán en los reglamentos es la forma en la que el INE fiscalizará los recursos de los partidos políticos, una labor que la reforma político-electoral exige que sea más rápida.

En época de campañas, por ejemplo, el INE deberá revisar los gastos de las fuerzas políticas al mismo tiempo que se desarrolla la contienda. Esto tendrá que aplicarse a partir de los comicios del próximo año, en los que a nivel federal se renovará la Cámara de Diputados y a nivel local se elegirá a cientos de servidores públicos en 17 entidades del país.

A finales de abril, el INE conformó la comisión temporal responsable de los ajustes reglamentarios, que quedó integrada por tres de los 11 consejeros: José Roberto Ruiz, Marco Antonio Baños y Arturo Sánchez.

Una vez que este órgano concluya los nuevos reglamentos, deberá someterlos a votación en el Consejo General.

119 nombramientos

La segunda tarea inmediata del INE es nombrar a los consejeros electorales estatales, una facultad que le dio la reforma política.

El INE tiene hasta el 30 de septiembre para designar a los consejeros de las 17 entidades que tendrán comicios locales en 2015. En total, tendrá que elegir a 119 funcionarios —siete por cada organismo local—, mientras que contará con más tiempo para los correspondientes a las 15 entidades que no tendrán votaciones el próximo año, otros 105.

Para los nombramientos, el INE debe emitir una convocatoria para los interesados de cada entidad, en la que no podrán participar ninguno de los consejeros actuales.

Después, una de las comisiones del INE deberá recibir solicitudes, evaluar aspirantes, elegir a los más aptos y someter sus propuestas a votación en el Consejo General, donde requerirán los votos de al menos ocho de los 11 consejeros para quedar aprobadas.

Eduardo Huchim, exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), consideró que esta es una de las tareas más delicadas del INE, porque de ella depende que se cumpla uno de los principales objetivos de la reforma política: garantizar que los institutos locales en la materia sean independientes de los gobernadores y de los partidos.

«El reto de los consejeros del INE para el nombramiento de los consejeros de los OPL’es (organismos públicos locales) es cuidar lo que fue la esencia motivadora de esta reforma electoral y sus leyes: que es evitar que en estos órganos locales metan la mano los gobernadores», abundó en entrevista.

«Tienen que ingeniárselas, tiene que haber una forma de acceder a estos puestos que garantice el hecho de que van a ser ciudadanos cuya honorabilidad y experiencia aseguren que van a tener un desarrollo adecuado e imparcial», agregó Huchim.

Antes de la reforma política, nombrar a los consejeros electorales locales era facultad del congreso de cada entidad.

Para el PAN y el PRD, el PRI aprovechaba que tiene el gobierno y la primera fuerza en la mayoría de los estados para ubicar en esos cargos a personas afines.

En las negociaciones en el Congreso, los priistas negaron esos señalamientos, pero al final accedieron a que el nombramiento de los consejeros deje de depender de los congresos y pase al INE.

¿Delegar o asumir?

El tercer pendiente del INE es definir cuáles de sus nuevas facultades asumirá y cuáles delegará a los institutos locales.

Con la reforma político-electoral, se otorgaron al INE dos tareas que antes correspondían en primera instancia a los órganos electorales de las entidades: la capacitación de funcionarios de casilla y la fiscalización de los recursos de los partidos políticos locales.

No obstante, también se estableció que el INE puede delegarles esas obligaciones, siempre y cuando corrobore que tienen la capacidad para encargarse de ellas.

De momento, según los artículos transitorios de la Legipe, ambas tareas se encuentran delegadas en los institutos locales, pero el INE debe discutir y votar si las dejará bajo su responsabilidad o las asumirá.

Para los especialistas, éste es otro punto delicado en las labores del INE, pues reflejará si es capaz o no de coordinarse con los órganos de las entidades, como le obliga la reforma político-electoral.

«Lo que hay que ver cómo funciona es la articulación con los órganos de los estados. Eso va a ser algo problemático, porque es uno de los cambios diametrales. Los institutos electorales actuales van a querer seguir ejerciendo la mayoría de los atribuciones que tenían antes, pero hay que decirlo: ya no todas les corresponden», indicó Astudillo.

«Esta articulación de quitarles lo que antes tenían, que el INE eventualmente se lo pueda regresar a los órganos electorales, pero ya no libremente sino bajo ciertos parámetros, donde el INE se convierte en una especie de vigilante, eso me parece que inicialmente va a ser muy problemático. Hay que ponerle atención», advirtió el académico.

 

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(ADN Político)