Foto: Telefónica
Ramiro Sánchez de Lerín García-Ovies, secretario general del consejo de administración de la empresa trasnacional Telefónica, presentó ante la Secretaría de Economía (SE) la notificación formal de reclamación en arbitraje de inversión, mediante la cual intenta que el gobierno mexicano pague por reparación de daños por la reducción en el monto de las tarifas de interconexión, publica el diario mexicano La Jornada.
La firma española envió dicha notificación al director general de Consultoría Jurídica de Negociaciones de la Secretaría de Economía, Carlos Véjar; al subsecretario de Comercio Exterior de la dependencia, Francisco de Rosenzweig, y al director general para Europa y Área del Libre Comercio de la Américas, Juan Manuel Antonio Luna, la cual asciende a 14 mil 737 millones de pesos, sin incluir afectaciones no cuantificables por daño moral, lo cual se encuentra incluido en el arbitraje presentado el pasado 7 de septiembre.
Telefónica, representada en el país y América Latina por Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox, se dice afectada por el costo de las tarifas de interconexión impuestas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y en su notificación aduce que el gobierno mexicano aplica tarifas preferentes a los competidores del país, hecho que le ha perjudicado en sus multimillonarios ingresos, y a la par pretende ser condescendiente con la administración de Felipe Calderón.
El documento advierte que el gobierno mexicano ha violado en su relación con Telefónica el acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre México y España, es por eso que Telefónica se ha visto orillada a apelar dichas violaciones mediante el arbitraje bajo el acuerdo de inversión.
La empresa considera que el gobierno ha incumplido su deber de respetar el acuerdo de inversión con España; ha ignorado la obligación de no discriminar; su obligación de extender un trato no menos favorable que el más favorable que se otorga a cualquier extranjero; extender un trato mínimo y acorde con el derecho internacional, incluyendo el trato justo y equitativo; la obligación de no expropiar, nacionalizar ni afectar ninguna medida equivalente a una expropiación; el deber de extender protección y seguridad; el deber de evitar y compensar pérdidas; la obligación de garantizar que todas las transferencias relacionadas con una inversión sean realizadas libremente y sin demora, y observar las obligaciones asumidas y relacionadas con la inversión de Telefónica.
Telefónica México pretende a través de estos recursos generar una oportunidad al gobierno mexicano para modificar esa tarifa e indirectamente establecer tarifas asimétricas, puntualiza.
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