Foto: Cámara de Diputados
El diputado Martín Rico Jiménez (PAN), presidente de la Comisión de Vivienda, señaló que es necesario aplicar todo el peso de la ley contra las autoridades que autoricen la construcción de viviendas en zonas de riesgo.
Lo anterior, al considerar que al finalizar las administraciones municipales es cuando se observa más el fenómeno de cambios de uso de suelo para la construcción de desarrollos habitacionales.
“Los estados deben comenzar a legislar para poner en orden a los ayuntamientos y a sus alcaldes que hacen estos cambios de uso de suelo de una manera sospechosa al final de sus administraciones”.
En entrevista, el legislador dijo que es deber de la ciudadanía denunciar a las autoridades locales que han dado este tipo de permisos en zonas que están claramente identificadas como de riesgo.
Planteó la posibilidad de que se destinen recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden) para la reubicación de familias que actualmente viven en zonas de riesgo, con el objetivo de prevenir pérdidas humanas, así como los altos costos económicos que se presentan después de cada contingencia.
“¿Qué se tiene que hacer aquí? Pues hay algunos recursos federales, hay ahí algún recurso en el Fondo de Desastres que, aunque nunca son suficientes, pueden ayudar a paliar un poco las necesidades que presentan estas familias”.
Indicó que es deber de los estados y municipios empezar a trabajar en el perfeccionamiento de sus atlas de riesgo para evitar asentamientos en zonas peligrosas para la vida.
Mencionó que a pesar de que algunos estados, como Campeche y Tamaulipas, han empezado a trabajar en legislaciones respecto de este tipo de asentamientos, son las autoridades municipales a quienes corresponde dar las autorizaciones de uso de suelo
“Hay veces en que las autorizaciones se dan para que las construcciones se realicen en cauces de ríos, así como también en laderas que se pueden desgajar con mucha facilidad”.
Por último, recalcó que en el caso de las viviendas que se encuentran construidas sobre suelo minado, tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México, deben ser reubicadas antes que pueda ocurrir algún daño a sus habitantes.
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