Eliazar Javier Romero Zárate destacó que existe el compromiso por parte del GDF de no darles albazo con la Ley de Movilidad en estos días previos a Semana Santa
Foto: Difunet
Con la propuesta de crear un Sistema Integral del Transporte con un sistema centralizado de recaudo, el Gobierno del Distrito Federal y los asambleístas de la ALDF pretenden convertirnos en una outsourcing y despojarnos de nuestro capital de trabajo y bienes, para entregarlos a empresas económicamente poderosas en perjuicio de 800 mil personas que viven del transporte de pasajeros, denunciaron los concesionarios del transporte individual y colectivo de la Ciudad de México.
En conferencia de prensa realizada esta mañana en un hotel cercano al Zócalo, manifestaron su inconformidad ante la posible aprobación de la Ley en Materia de Movilidad enviada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), a fin de establecer una nueva legislación para el ordenamiento y transformación del transporte en la Ciudad de México.
A nombre de los transportistas Eliazar Javier Romero Zárate destacó que existe el compromiso por parte del Gobierno del Distrito Federal de no llevar a votación la Ley de Movilidad durante los días previos a la Semana Santa a fin de que el pleno de la comisión dictaminadora donde se discute la iniciativa pueda conocer sus propuestas.
No obstante, el representante de los concesionarios de transporte público condenó el aparente acuerdo entre el gobierno capitalino y las diversas fracciones políticas de la Asamblea Legislativa para aprobar de manera expedita el documento enviado por Mancera Espinosa, sin incluir las observaciones de los afectados.
“Al amparo de crear un Sistema Integral de Transporte con una tarjeta de prepago para todos los servicio y establecer un órgano recaudador, el gobierno de la Ciudad pretende expropiarnos nuestros ingresos y la decisión de con quién debemos adquirir los servicios de mantenimiento, dejando al concesionario únicamente la carga social, es decir, la responsabilidad de proteger socialmente a los trabajadores y la carga impositiva”, exclamó el dirigente de la Comisión Permanente de Transporte Individual del DF.
Romero Zárate explicó que el Gobierno del Distrito Federal envió una iniciativa que obligará a los transportistas a convertirse en empresas e integrarse al sistema de pago con tarjeta, mediante la cual un órgano concentrará el recaudo, pagará por kilometraje, supervisará la viabilidad de las empresas y determinará, en el caso de que no sean exitosas, el retiro de la concesión para entregarla a terceros.
“Es decir, alguien va a venir a manejar nuestro negocio, a tomar nuestro dinero, a decirnos cuánto nos pagará e, incluso, si ‘nos portamos mal’ porque reclamemos, correremos el riesgo de que nos den una patada. De ese tamaño es la ley que quieren aprobar”, destacó el dirigente de los taxistas.
Consideraron que los términos en los que está redactada la propuesta de ley, los excluye de la participación en las licitaciones públicas que deberá emitir el gobierno para otorgar las concesiones y favorecerá la entrada de grandes empresas y monopolios, puesto que uno de los criterios principales para otorgar las concesiones será la capacidad financiera de los aspirantes.
En el mismo sentido, advirtieron sobre los riesgos de corrupción que implica el que la Ley de Movilidad otorgue al órgano regulador la facultad de retirar concesiones por criterio propio, con la posibilidad de adjudicarlas a un tercero, ya sea a través de licitación directa o por invitación cerrada.
También pusieron en duda que la existencia de un Sistema Integral de Transporte vaya a derivar en una mayor movilidad para la ciudad a bajo costo, por el contrario, estimaron que existe una alta posibilidad de que el precio del transporte aumente en forma desproporcionada como ocurre en provincia y países como Colombia, donde –señalaron- el establecimiento de dicho sistema derivó en el aumento de tarifas.
Los transportistas recordaron que actualmente existen 160 mil concesionarios que dan empleo directo e indirecto a más de 800 mil personas quienes se verían afectados por las nuevas medidas; “para nosotros el transporte es una fuente de empleo, sí se aprueba la reforma nos van a dejar sin forma de subsistencia y totalmente descapitalizados”, lamentaron.
Por este motivo, al finalizar la conferencia de prensa acudieron a la Asamblea Legislativa para entregar un documento al presidente de la misma, el diputado Manuel Granados, para exigir que en la nueva Ley de Movilidad quede tutelado el reconocimiento del derecho legítimo, jurídico y adquirido de los transportistas a la permanencia en la prestación del servicio.
Dejaron en claro que están “en contra de la creación de una empresa paraestatal monopólica que tenga a cerca de 200 mil transportistas asalariados y desposeídos de nuestro patrimonio, por lo que de ocurrir, realizaremos movilizaciones y buscaremos la protección jurídica hasta sus últimas consecuencias”.
Finalmente, uno de los puntos principales, terció Ignacio Rodríguez de la organización de taxistas ATR, es “el respeto al derecho al trabajo de miles de prestadores del servicio de transporte y en contra de los planes monopolizadores”; esto sólo se podrá lograr con una ley que les permita compensar las bajas tarifas con el apoyo de 20 por ciento en los programas de chatarrización para el cambio de unidades de taxi y multas por infracciones donde al transportista no se le cargue la mano de manera discrecional.
Los concesionarios del transporte público de pasajeros individual (taxis) y colectivo (vagonetas, microbuses y autobuses) que reclaman sus derechos como trabajadores son del Consejo para la Defensa de los Derechos Humanos de los Transportistas (CODEDHUTRA), la Organización de Transportistas “Nuevo Milenio”, la Organización Circuito Periférico (CIPESA), Movilidad Sustentable Palmas, Operadora de Transporte Metropolitano y las Rutas 1 (Ramal Hospital General, Sta. Cruz Meyehualco, Ruta 2 (Ramales) Sevilla, Observatorio y Palmas 11, 12, 13, 18, 23, 29, 31, 36, 42, 49, 56, 98 y 119, así como la Comisión Permanente de Transporte Individual del DF.
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