Foto: NTR Zacatecas
En la presentación del Tercer Informe Respeto de los derechos humanos en materia de Trata de Personas con fines de explotación sexual y violencia feminicida en el Distrito Federal, el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, subrayó que esta problemática representa un desafío cultural, más allá de mejorar la leyes y elevar las penas, se debe tener un cambio en la manera de apreciar el tema de la sexualidad y no seguirla mercantilizando.
“Mientras alguien quiera comprar sexo va a haber motivos para que alguna persona sea convertida en mercancía”, advirtió el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al comentar el tercerInforme realizado por el Observatorio contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual en el Distrito Federal.
Convocó a todas y todos a ir desconstruyendo el fenómeno de la Trata de Personas, en la educación de hijas e hijos, en la relación con las parejas y en la manera de relacionarse con las demás personas,
Alertó sobre la cultura patriarcal y machista en el proceso de mercantilización de la sexualidad en general. “El tema de fondo es la mercantilización de la sexualidad, la idea de que el sexo es una mercancía que se puede comprar, que está disponible en el mercado, que además no genera ningún tipo de vínculo con el consumidor”.
Señaló que este es un delito en el que la participación del consumidor resulta fundamental, tanto para su abatimiento como para la generación de conciencia acerca de las consecuencias que tiene este tipo de consumo.
Quien consume sexo de esta manera, añadió, tiene que hacerse responsable de que detrás de esa persona que en ese momento está siendo considerada una mercancía hay una serie de violencias acumuladas que inician con mecanismos de engaño y de seducción.
Además, siguió, con un componente de género, de mecanismos de despersonalización, “que terminan minando la identidad de una persona, desvinculándola de su familia, usando a sus hijos e hijas como mecanismo de coerción, lo cual les impide salir de esta situación de Trata, y se acompaña en el peor de los casos con violencia física brutal”.
El Director de la Fundación de la Mano con la Justicia, José Bonilla aseveró que la Trata de Mujeres, Niñas y adolescentes es consecuencia de un Estado que no ha garantizado el derecho a vivir una vida libre de violencia, dado que las condiciones de desigualdad y de relaciones de dominación de hombres hacia mujeres, se reproducen llegando a formas extremas como el feminicidio.
Por lo anterior, señaló, el Estado tiene que cumplir con sus obligaciones y generar un conjunto de políticas sociales, económicas y culturales, que erradiquen la Trata, avancen en la sanción de los delitos que se derivan de ella, y asegure una reparación integral del daño.
Consideró que la complejidad del delito de Trata de personas dificulta de manera importante la prevención, persecución, y castigo del mismo, a lo cual se le suma el vacío de información existente, la poca voluntad de las autoridades para documentar las estadísticas, así como acciones concretas para combatir frontalmente este delito.
Estimó que el problema es de dimensiones mayores, de ahí la necesidad de que las autoridades de la capital tomen como base documentos como el presentado, “para poder organizarse y actuar con seriedad y responsabilidad y hacer un esfuerzo constante y permanente para erradicar este ilícito, que cancela de manera brutal los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas que son explotadas sexualmente”.
La Coordinadora del Colectivo contra la Trata de Personas, Mónica Salazar, dijo que el gran pendiente en el Distrito Federal es la atención integral y reparación adecuada del daño adecuada a las víctimas, aun cuando las autoridades sí han realizado acciones para identificar y rescatar a víctimas y posibles víctimas de Trata.
“Es necesario que las víctimas rescatadas sean atendidas y protegidas en el Distrito Federal”, sostuvo y agregó que las acciones que se hagan en materia de Trata de Personas deben vincularse con otros temas, desde una visión de derechos humanos. No basta con legislar, aseveró, es necesario que se establezcan recursos para poder medir el impacto de las políticas públicas.
Expuso que de acuerdo al Informe hay descoordinación entre las autoridades de distintas entidades de la República, además de la falta de lineamientos en las políticas de trabajo de distintas instituciones oficiales.
Es urgente, apuntó, que haya cifras desagregadas, saber de dónde vienen las personas que son tratadas en el Distrito Federal, para poder prevenir e informar.
A su vez, la Coordinadora del Observatorio Latinoamérica, capítulo México, María Antonia Chávez, indicó que la Trata y Tráfico de personas se ha multiplicado en los últimos cinco años, que está visibilizado recientemente y poco se ha podido conocer a fondo de manera cualitativa y cuantitativamente.
Detalló que el Informe presenta acercamientos, desde la vivencia de las víctimas, para narrar hasta dónde hemos llegado en el término del encubrimiento a este tipo de violencia social con perspectiva de género.
Agregó que el documento logra fundamentar la vulneración de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en esa población de mujeres y jóvenes, en cuyas historias de vida se desarrolla cómo pueden ser víctimas de Trata y Explotación Sexual, así como su difícil acceso a bienes materiales, sociales y culturales, de manera que así se puede identificar quiénes son las personas que tienen más riesgo, y con quienes se puede hacer prevención.
Algunas cifras que señala el Informe son que en el Distrito Federal, en 2012 se dieron 44 sentencias condenatorias por este delito, mientras que en 2011 fueron 49; en tanto, en 2012 hubo 12 consignaciones del delito de Trata de personas, y en 2011 fueron 49. En la totalidad de delitos consignados de Trata de 2010 a 2012 que hacen un total de 99 delitos consignados, los 12 del 2012 representan el 12.5% del total. Las Averiguaciones Previas aumentaron de 11 en 2011 a 16 en 2012, el número de operativos se mantuvo en 65 en ambos años, pero en 2012 fueron rescatadas 65 víctimas, en tanto que en 2011 fueron 164.
También estuvo presente la Asesora de Cooperación Derechos Humanos y Cultura, de la Delegación de la Unión Europea en México, Natalia Barreto.
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