Tribunal Unitario Penal otorga amparo a Napoleón Gómez Urrutia

Foto: Sindicato Minero

El magistrado Manuel Bárcena Villanueva, del Primer Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal, le otorgó un amparo a Napoleón Gómez Urrutia contra la orden de aprehensión girada en su contra, por presuntamente disponer de forma ilegal de 55 millones de dólares de un fideicomiso de los trabajadores del Sindicato Minero.

Gómez Urrutia enfrentó en los últimos seis años dos órdenes de captura, a nivel federal, y tres por fraude en el fuero común, en todas ellas consiguió amparos desde su exilio en Canadá.

El delito por el que se le giró la orden de aprensión en esta acusación es violación a la Ley de Instituciones de Crédito y constituye el único expediente por el cual la PGR tramitó su extradición.

La resolución del Tribunal no libra al líder minero de ser detenido; porque los alcances de su fallo solo obligan al Sexto Tribunal Unitario a revalorar pruebas para revocar o ratificar en su caso la orden de aprehensión.

Dicho amparo para efectos no ha sido del todo favorable para Gómez Urrutia, ya que su defensa interpuso de inmediato un recurso de revisión, intentando que el amparo se le otorgue en absoluto la protección de la justicia federal contra su captura.

Por su parte, Marco Antonio del Toro, abogado defensor de Napoleón Gómez Urrutia ha declarado que “Napoleón está con un pie en México, porque a final de cuentas ya se demostró que todo esto fue armando”.

Esta resolución del Tribunal se dio como continuación del amparo que el mismo magistrado Bárcena había otorgado a Héctor Félix Estrella, tesorero del gremio, y siguió el mismo criterio en el caso del líder gremial, al concluir que la acusación de la PGR no reunía los elementos suficientes.

Cabe recordar que en agosto de 2008 la juez federal Silvia Carrasco giró ordenó de aprehensión a Napoleón Gómez Urrutia por el delito de violación al artículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito.

El delito fue consignado por la PGR en una modalidad grave, con el objeto de que el inculpado no tuviera posibilidad de evitar la cárcel en caso de ser detenido, sin embargo, en los últimos seis años no se logró extraditarlo a México.