Foto: Cámara de Diputados
El Pleno de la Cámara de Diputados turnó a comisiones la iniciativa del Ejecutivo federal que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo tercero de la Constitución Política en materia de educación.
En la reforma educativa que se recibió en San Lázaro se anexó un tanto del documento suscrito por los representantes de los partidos políticos (PRI, PAN y PRD), en el que consta que presenciaron como testigos de honor la suscripción de esa iniciativa, ayer lunes, por parte del presidente Enrique Peña Nieto.
El documento señala la necesidad de elevar a rango constitucional las disposiciones que permitirán dotar al Sistema Educativo Nacional de los elementos que impulsen su mejoramiento y aseguren la superación de los obstáculos que lo limitan.
Con ese objetivo se establecen las bases para crear un servicio profesional docente y constituir el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como órgano constitucional autónomo.
De manera adicional a esos dos aspectos, se señala que el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever al menos la creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa.
También propone el fortalecimiento de la formación continua de los maestros, así como la expedición de normas que permitan fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, establecer las de tiempo completo, impulsar el suministro de alimentos nutritivos y prohibir los que no favorezcan la salud de los educandos, llamados “chatarra”.
Asegura que en la actualidad, la asignación de puestos en todos los niveles del sistema no corresponde a un procedimiento que otorgue seguridades suficientes de que las personas que ocupen los cargos de dirección y supervisión sean las idóneas para esas funciones.
Por esa razón, establece la necesidad de incorporar dentro de un servicio profesional docente a quienes desempeñen funciones de dirección y supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado.
Al hacer alusión a funciones de supervisión, se considera a quienes cuentan con el nombramiento de supervisor, inspector, jefe de zona o de sector de inspección o cualquier otro cargo equivalente que efectivamente realice funciones de supervisión.
También señala que el servicio profesional docente debe fijar las reglas de aplicación nacional para el ingreso, promoción y permanencia en la educación básica y media superior que imparta el Estado.
Respecto al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se propone que tenga las atribuciones de evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en el ámbito de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Para ese propósito se dotará al Instituto de las facultades para diseñar y realizar las mediciones de los componentes, procesos y resultados del sistema.
También figuran los mecanismos para emitir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales, con el propósito de llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden y generar directrices para el mejoramiento educativo y para la equidad.
“Las tareas que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación lleve a cabo permitirán apreciar el desempeño de la autoridad y generar un orden en el desarrollo de la evaluación”, indica el documento.
Establece que el funcionamiento del sistema educativo debe hacer de la evaluación una práctica cotidiana, con la obligación de todos de hacer suyos los criterios emitidos por una autoridad constitucionalmente investida.
La iniciativa fue turnada a Puntos Constitucionales para dictamen y a Educación Pública y Servicios Educativos para opinión.
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