Luis González Palacencia
Foto:Animal Político
Ante la complejidad de una urbe como la ciudad de México, es irreal la ausencia de violaciones a los derechos humanos, de ahí que un gobierno democrático no es el que recibe menos Recomendaciones, sino el que las acepta y cumple, el que no regatea ni confronta a los organismos y organizaciones protectoras de derechos humanos, sino el que las aprovecha para mejorar y para construir una dimensión sustantiva para la democracia.
Lo anterior resaltó el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, al presentar su Informe Anual 2012 ante la ciudadanía, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).
El Ombudsman capitalino subrayó que del gobierno de la ciudad se esperan tres cosas fundamentales: consolidación de aquello que ha hecho de la ciudad de México vanguardia en el país, incorporación de nuevos derechos, “lo que requiere de debates abiertos y sinceros sobre temas de frontera”, y un compromiso serio y decido con los derechos humanos.
Observó el interés y compromiso mostrado por la actual administración capitalina con la CDHDF y los fines que persigue al aceptar Recomendaciones que su antecesor rechazó, lo cual, destacó, repercute en la reparación del daño a las víctimas. Además de debilitar el régimen del arraigo y limitar la presentación de probables responsables ante medios de comunicación.
Reconoció el valor civil que demostró el Jefe de Gobierno capitalino con su presencia en el quinto aniversario luctuoso de la tragedia del New´s Divine, “así como su compromiso con las familias y con las y los jóvenes, quienes necesitan un mensaje claro de su parte de que podemos construirles un destino que les aleje del delito, de la criminalización, de la cárcel y desde luego de la muerte”.
Lo conminó a estimular a las y los servidores públicos del GDF, “que desde el primer día de su administración están colaborando con la CDHDF”, y le pidió su apoyo para motivar a quienes se resistan a cumplir con el deber que la Constitución federal y las leyes locales les asignan para con este Órgano autónomo y los derechos humanos.
A los titulares de los Órganos Legislativo y Judicial les solicitó promover un funcionariado público responsable, que trabaje por y para los derechos humanos, que destierre de la administración pública de la ciudad la misoginia, la homofobia y la discriminación.
Ofreció participar para impulsar la reforma política y la construcción de una Constitución para la ciudad, así como en la lucha contra la corrupción; “esta ciudad no se merece ser rehén de nadie, sin duda no de los poderes fácticos, económicos y políticos que buscan usufructuarla, ni tampoco de los grupos que intentan desestabilizarla”.
Señaló que “Desde este lado nos toca colocar los límites que legitiman el uso de la fuerza pública. Úsela siempre dentro de esos límites, y encontrará nuestro respaldo irrestricto. Ayúdenos a investigar, sancionar y reparar los daños que ocasiona el uso abusivo de las facultades que las y los ciudadanos hemos puesto legítimamente en sus manos para asegurar el ejercicio de nuestros derechos”.
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, dijo que para lograr una sociedad igualitaria, es necesario escuchar: “Agradecemos los comentarios en favor de la tarea de este Gobierno, pero también escuchamos, entendemos y vamos a atender de manera puntual la agenda que se encuentra pendiente. Reitero mi instrucción a todo el Gabinete para que haya cercanía con el tema de los derechos humanos y con el trabajo de esta Comisión”.
E insistió en que la capital del país es y seguirá siendo un centro de libertades, así como una posición territorial, política y estratégica donde las libertades estarán y seguirán presentes: “Queremos tener muy claro el respeto de la igualdad y las libertades para lo que estaremos cercanos a la Sociedad Civil y a las representaciones internacionales y observaremos todos y cada uno de los puntos recomendatorios que se hagan, sabemos que es en beneficio de la capital”.
A su vez, el Consejero de la CDHDF, José Woldenberg, destacó la independencia de esta Institución frente a los poderes que debe vigilar, “entendiendo que si esa cualidad se erosiona, toda la labor del Ombudsman se desfigura, lo cual conlleva roses, tensiones, distanciamiento con los titulares de las dependencias aludidas, pero esos choques se derivan del código genético de las propias Comisiones”.
Hizo énfasis en la relación de la CDHDF con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), para empoderar personas y colectivos, construir ciudadanía, y generar sinergias para fortalecer la institucionalidad democrática.
Añadió que cuestiones como el arraigo, la presentación ante los medios de los presuntos responsables de algún delito, las detenciones arbitrarias, la práctica de la tortura, la desaparición de personas, los errores judiciales o las condenas injustificadas o las condiciones de los reclusos son temas sobre los cuales la CDHDF ha llamado la atención, con denuncias, informes, estudios, seminarios.
Hizo notar que, ante los hechos donde grupos organizados de jóvenes, que en medio de manifestaciones legítimas y pacíficas, embozados, se dedican a destruir el bastimento público y agredir a comercios y empresas privadas y a los propios policías, la CDHDF ha recordado y enfatizado el ABC en la materia:
“El Derecho a manifestarse es vital, pero supone, implica, que se ejerza de manera pacífica. La violencia provocadora no es solamente ética y políticamente ilegítima, sino legalmente punible, y por ello, la Policía puede y debe actuar, distinguiendo entre aquellos que desatan la violencia y los que ejercen sus derechos a manifestarse”, subrayó.
Pidió a las autoridades no contraponer seguridad y derechos humanos, “es un error que puede acarrear inconmensurables efectos”, el combate a la delincuencia y los delincuentes es una tarea indeclinable de los Gobiernos, pero debe desplegarse comprendiendo que las fuerzas del Estado no deben mimetizarse a las prácticas de los delincuentes.
En tanto, el Presidente del TSJDF, Magistrado Edgar Elías Azar, exhortó a los juristas a ser ‘motor que impulsa y no cadena que sujeta’: “Debemos dejar formalismos y formulismos; estructuras dogmáticas que atan las mentes; asumir una mentalidad verdaderamente crítica ante nuestra realidad jurídica y operación del Derecho vigente”.
Es necesario, insistió, pensar en la modificación conceptual de paradigmas que habían dominado nuestros escenarios; cambiar las mentalidades y cultura de los más formalistas para llegar a verdaderas posiciones garantistas de amplio espectro.
El Coordinador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Édgar Cortez Morales, urgió a la CDHDF a protagonizar la transformación de la realidad en la ciudad, a través de un cambio en la arquitectura institucional, a partir de la lógica de los derechos humanos y de la Reforma constitucional en la materia, y que cumpla con las expectativas ciudadanas.
Dijo que es necesario que la CDHDF promueva y procure la participación de la Sociedad Civil Organizada en la discusión de la agenda prioritaria, en la que colocó la Reforma Política del Distrito Federal, la implementación del Sistema Penal Acusatorio, la reforma del sistema penitenciario, y la revisión y priorización de los más de 2 mil líneas de acción del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
El Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados, hizo notar que las aportaciones jurídicas de la CDHDF abonan al desarrollo en la capital del país.
Dijo que las Recomendaciones de este Organismo a diversas instancias de la administración pública aportan elementos axiológicos y jurídicos que ayudan de manera importante a la consolidación del Estado democrático social de derecho.
Resaltó las relaciones institucionales entre la ALDF y la CDHDF y que siempre ha sido en un marco de respeto absoluto y observancia a la autonomía del Defensor de los derechos humanos.
Estuvieron presentes Consejeros, Consejeras y ex Consejeros de la CDHDF, Ombudsperson de diversas entidades del país, representantes del cuerpo diplomático, así como de UNICEF, OACNUDH y ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones y el Comité Internacional de la Cruz Roja, OSCs, servidores y servidoras públicas de la administración pública federal, estatal y del Distrito Federal, legisladores y legisladoras locales y federales, titulares y miembros de los órganos autónomos locales, estatales y federales.
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