Foto: Cultura de la Legalidad
El Senado analiza una serie de reformas para incluir en las políticas públicas y programas sociales a la población lésbico-gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual (LGBTTTI), generar información estadística sobre estos grupos y paliar los crímenes por odio.
En mayo pasado la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña, presentó una iniciativa para expedir la Ley General para Promover la Igualdad y la Protección de los Derechos de las Personas con diversas Orientaciones Sexuales e Identidades de Género.
A propósito de esta iniciativa, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta afirmó que aunque hay evidencia de que muchas personas de la comunidad LGBTTTI sufren discriminación por su orientación sexual o identidad de género, no existen estadísticas oficiales ni una metodología para obtener esta información.
Los datos más recientes son de un informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo que reportó que entre enero de 1998 y diciembre de 2008 recibió 696 quejas por discriminación o agresiones vinculadas a la identidad sexual, mismo periodo en que se investigaron 162 homicidios por homofobia.
Por otra parte, la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia reportó que para 2008 se cometieron 628 asesinatos de este tipo, sin embargo no hay cifras precisas ni desagregadas para saber si las víctimas eran personas homosexuales, lesbianas o tenían una identidad de género específica.
Al respecto, Mercedes Fernández, integrante del Movimiento LGBTTTI Chihuahuense, sostuvo que hay pocas organizaciones que documenten los crímenes por odio y señaló que durante los últimos nueve años en esa entidad se registraron siete asesinatos de mujeres lesbianas, sin que ninguno haya sido esclarecido.
Es por ello que la perredista propuso que en la nueva ley se ordene al gobierno federal integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Personas Motivadas por la Orientación Sexual e Identidad de Género de las Víctimas.
La misma ley obligaría a los gobiernos de las 32 entidades a crear un registro público sistemático de los delitos en la materia, así como proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para la elaboración de bases de datos.
De la Peña consideró que se requiere conocer el número de agresiones, el tipo de agresión, el sitio donde ocurren y su ubicación geográfica, para orientar las políticas públicas, recursos financieros y humanos, y las acciones que finquen responsabilidades a los agresores.
La senadora señaló que es necesario colocar el problema en estos términos porque así “le otorga visibilidad y constituye un instrumento potencialmente útil para tratar de luchar contra este fenómeno y sus devastadoras consecuencias”.
La propuesta de ley de 53 artículos ubica los derechos de las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género. Por ejemplo, reconoce su derecho a tener personalidad jurídica y la libertad de formar una familia.
La iniciativa también enuncia la discriminación así como las formas y modalidades de violencia por orientación sexual e identidad de género, y llama a las autoridades locales a promover reformas legislativas para agravar los delitos contra la vida y la integridad corporal cometidos contra la comunidad LGBTTTI.
Angélica de la Peña apuntó que su propuesta incluye las responsabilidades específicas de cada una de las autoridades de los tres niveles de gobierno y los poderes legislativos estatales, sin olvidar los recursos financieros y plazos para implementarla.
“El gran reto en el que se requiere la participación social es que durante el próximo periodo ordinario de sesiones quede aprobada la Ley General para Promover la Igualdad y la Protección de los Derechos de las Personas con diversas Orientaciones Sexuales e Identidades de Género”, apuntó.
A fin de analizar las reformas planteadas por el PRD, ayer se realizó en el Senado el foro “La diversidad sexual por sus Derechos Humanos”, en el que legisladores, activistas y funcionarios abonaron al debate de la iniciativa que se discutirá en las comisiones de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos.
=CIMAC=
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