Ante el largo proceso del concurso mercantil de Mexicana de Aviación y como resultado de que tres de los acreedores de dicha aerolínea acordaron proponer un interventor que supervise la gestión del conciliador-administrador y asegure la transparencia del concurso mercantil, Bancomext, ASA y el Aeropuerto de la Ciudad de México designaron la semana pasada a White & Case como el interventor.
Ante esta situación, se han desatado una serie de imputaciones referentes al conflicto de intereses en el que varios aseguran caería el citado despacho y su representante, Vicente Corta Fernández.
El diputado Mario Di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo declaró que presentará un incidente ante el juez del concurso mercantil, Felipe Consuelo Soto, para evitar y detener el nombramiento como interventores en el proceso de Mexicana de Aviación al despacho de abogados White and Case y a Vicente Corta Fernández.
El legislador petista explicó que el despacho mencionado tiene un conflicto de interés porque asesora a Aeroméxico, así como al Sistema de Administración Tributaria, de otros competidores de Mexicana de Aviación.
“Vicente Corta tampoco puede fungir como interventor, ustedes recordaran que fue el secretario ejecutivo del IPAB, por lo tanto posee información privilegiada y nuevamente se encuentra en un conflicto de interés”, señaló.
Asimismo, consideró una “tropelía” del Gobierno Federal que se imponga y se presione para que sean interventores en el proceso de Mexicana de Aviación al despacho de abogados White and Case y a Vicente Corta Fernández.
Di Costanzo indicó que son tres dependencias del gobierno (Bancomext, ASA y AICM) las que nombraron a este interventor, el cual representa Vicente Corta Fernández, justo cuando se está a punto de firmar el traspaso de acciones de Tenedora K a Med Atlántica.
“Es muy lamentable que personas como Vicente Corta se presten a ser los esbirros del gobierno federal, y se está metiendo en un territorio muy delicado porque se está exponiendo a abrir el tema Fobaproa-Cintra y te aseguró que el gobierno federal va a salir muy mal librado. Continúa tratando de obstaculizar a Mexicana de Aviación, si abrimos el tema Fobaproa-IPAB, pueden terminar pagando los pasivos laborales que ilegalmente vendieron de los trabajadores”, puntualizó.
Por su parte, el juez Felipe Consuelo Soto, rector del concurso mercantil de la aerolínea, señaló que la Ley contempla la figura del interventor, y lo que se plantea en este momento es que ese interventor tiene conflicto de intereses con Mexicana, a lo que indicó, “lo que tengo que hacer es analizar y decidir el lunes si lo admito o no”.
Consuelo Soto dijo que el único interés que tiene es apoyar a un grupo de inversionistas que están dispuestos a exponer su capital en un negocio de alto riesgo, porque se recuperaría el empleo de 8 mil 500 trabajadores.
“Mi interés es por México, porque salvando Mexicana, salvamos nuestro espacio aéreo, porque el ganón no va a ser Aeroméxico ni Interjet ni Volaris. Las que van a ganar más serán las aerolíneas extranjeras, porque no vamos a tener competitividad, necesitamos que el pastel crezca, crear mayor conectividad, con más aeropuertos y más modernidad y mejores leyes de aviación”, dijo, de acuerdo con lo publicado por el diario La Crónica.
En este sentido, Vicente Corta, representante e integrante de White & Case, afirmó que hasta hace cinco años fungió como consejero de Mexicana, Aeroméxico y otras compañías, por lo que el tiempo transcurrido le permite representar a los acreedores de Mexicana sin caer en conflictos, informó por su parte Milenio en su página de internet.
Según el abogado, la acción principal del interventor esta encaminada a proteger los intereses de los acreedores que representa, por lo que buscará conocer y analizar la información del proceso para conocer el estatus real del mismo.
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