La organización civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC), manifestó su más profunda consternación por la masacre descubierta el 13 de mayo en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, y expresa su más sentido pésame para las familias y seres queridos de las víctimas.
Mediante un comunicado, la organización señaló que la violencia irracional sigue en aumento en el país, alimentada por la inactividad e ineficiencia de los sistemas de procuración de justicia, la enorme impunidad que priva en el país y una estrategia errada de combate al narcotráfico.
“Este es un hecho más que se suma a una larga historia de atrocidades cometidas en los últimos años en México. Si la sociedad no detiene la violencia a través de privilegiar formas pacíficas de convivencia y de reconstruir urgentemente el tejido social, las manifestaciones de la violencia seguirán ocurriendo vertiginosa y fortísimamente”, indica el comunicado.
La muerte de estas personas significa la pérdida de 49 seres humanos irremplazables. CADHAC rechaza las muertes violentas sin importar, quién las haya cometido, las razones que haya para ellas y sin que pese ninguna acción de las víctimas. Todas las vidas deben ser protegidas y toda privación violenta de la vida debe ser investigada y sus responsables llevados ante la justicia.
Evidentemente se debe aplicar el derecho y, en consecuencia, quién haya participado en la masacre deberá ser sancionado. Sin embargo, “es necesario insistir en que dicha sanción debe ser completamente apegada a la ley, sin que haya torturas, venganzas y otras acciones que sólo dañarán más a la sociedad y que no ayudarán al proceso de reconstrucción de la paz social”.
Ante la violencia de la delincuencia no debe oponerse la violencia (igual de desmedida y demencial) de las autoridades, sino la autoridad del Estado de derecho. Los impulsos de venganza deben encontrar el sobrio rostro de la ley, de otra forma no escaparemos a este espiral creciente de violencia.
“Exigimos que las autoridades competentes investiguen este terrible hecho con la celeridad debida, con respeto a los derechos humanos de todos —incluidos los potenciales sospechosos— y con apego a los más avanzados estándares científicos. Es fundamental que haya sanciones para los que hayan participado en el hecho y que se mande un mensaje claro que de no habrá impunidad por este tipo de hechos”, finaliza el documento.
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