El día de hoy el Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), envió al Diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, una misiva en la que manifiesta a las y los legisladores integrantes de la LXII Legislatura la necesidad de que la nueva ley de amparo “tenga en cuenta los puntos resolutivos ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en tres sentencias condenatorias relativas a México”.
En la misiva, dada a conocer a los medios de comunicación, la organización internacional menciona que en los casos de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, mujeres del pueblo indígena Me’phaa agredidas sexualmente por elementos del Ejército Mexicano en 2002, y en el caso de los “Campesinos ecologistas” Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, campesinos torturados por miembros del Ejército Mexicano en 1999 por defender los bosques de la Sierra de Guerrero, “la Corte Interamericana determinó que las víctimas no habían tenido acceso a un recurso judicial efectivo, debido a que el sistema del juicio de amparo no les permitió impugnar la declinación de competencia de la averiguación previa al fuero militar”.
En dicha carta, CEJIL refiere que en los tres casos, la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano “adoptar las reformas pertinentes para permitir que las personas afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso efectivo de impugnación de tal competencia […].” En este sentido, el Tribunal Interamericano determinó que el sistema mexicano de amparo, al no proveer la posibilidad a la víctima u ofendido de un delito de impugnar la competencia del órgano en que se investiga o juzga el delito, violenta normas obligatorias para el país bajo el derecho internacional de los derechos humanos y, en consecuencia, estableció que México debía modificar el marco legal correspondiente.
Ante ello, CEJIL organización regional de defensa y promoción de los derechos humanos, cuyo objetivo principal es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), llama a las legisladoras y legisladores a “utilizar este momento histórico de discusión de una nueva Ley de Amparo para honrar los compromisos internacionales del Estado mexicano y dar puntual cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias citadas”.
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