Foto: César Martínez Lopez
CIMAC
Ante la omisión de Enrique Peña Nieto para comprometerse a favor de los Derechos Humanos (DH), Amnistía Internacional (AI) envió al Ejecutivo federal nueve recomendaciones específicas para que garantice una agenda integral de protección a las garantías fundamentales de mujeres, periodistas, activistas y migrantes.
En conferencia de prensa hoy, Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI-México, recordó que en febrero pasado el secretario general de la organización humanitaria, Shalil Shetty, se reunió con Peña Nieto para hacerle señalamientos concretos en materia de DH.
Quiroz advirtió que a tres meses del encuentro aún no hay avances ni un compromiso claro por parte del Ejecutivo. Lamentó que tras las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió a México, el gobierno sólo avalara las “mínimas de aceptar”, dejando fuera temas como el arraigo o la desaparición forzada.
Entre las nueve acciones que AI pide a Peña Nieto ejecutar a fin de que el gobierno mexicano demuestre su “voluntad política y capacidad para convertirse verdaderamente en un Estado de Derecho”, está la implementación total del Código de Justicia Militar reformado recientemente para que el personal castrense implicado en violaciones a DH de civiles, cometidas en el pasado o en la actualidad, sea investigado, encausado y juzgado por la justicia ordinaria.
Otra acción consiste en que la Presidencia declare que cualquier funcionario federal que no reporte o no investigue información relativa a desapariciones forzadas, homicidios extrajudiciales, torturas u otros malos tratos y violaciones a DH, será enjuiciado según las normas internacionales.
Igualmente, AI pidió hacer pública la base de datos de personas no localizadas o desaparecidas, y establecer mecanismos nacionales de búsqueda rápida, el acceso eficaz a las llamadas de teléfonos móviles y otros datos personales de las personas desaparecidas.
Además de crear unidades de investigación especializadas, protocolos para la exhumación de presuntos restos humanos, y una base de datos nacional creíble de personas desaparecidas.
Otra medida es responder a las demandas de activistas para garantizar que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuente con suficiente personal capacitado, planes y recursos.
AI también solicita que el gobierno garantice que otras dependencias federales, así como los gobiernos estatales y municipales, cumplan con las medidas de protección y que las y los funcionarios que no lo hagan respondan por sus actos.
Otra de las acciones es demostrar que hay avances sustanciales en la prevención y el castigo de todos los abusos cometidos contra la población migrante en tránsito irregular, sin importar si sus autores son funcionarios o bandas delictivas.
Campaña contra la tortura
Por otra parte, AI presentó la Campaña Global en Contra de la Tortura, la cual busca poner fin a este delito en México, Nigeria, Marruecos, Uzbekistán y Filipinas, los cinco países donde –a decir de la organización– se ha disparado este flagelo.
De acuerdo con una encuesta que levantó AI-México, 65 por ciento de la población tiene miedo a ser torturada si es detenida; en contraste, 30 por ciento considera necesaria o natural la tortura dentro de las detenciones, lo que revela que esta violación a los DH está siendo tolerada, naturalizada y percibida con temor.
Como parte de la campaña se denuncia el caso de Claudia Medina Tamariz, mujer detenida y torturada por elementos de la Marina y de la policía estatal de Veracruz.
Medina, quien estuvo durante la presentación, insistió en que su caso no es aislado, ya que durante su detención pudo constatar que todas las mujeres en su condición, vinculadas con el narcotráfico, están siendo torturadas.
Rosario Marroquí, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, agregó que la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas Juntas Contra la Tortura Sexual”, que actualmente lleva a cabo su organización, tiene el objetivo de evidenciar que la tortura es una práctica, además de generalizada, sistemática, pues las características en estas detenciones son muy similares y se repiten patrones que pueden ser abolidos.
Respecto a las desapariciones forzadas, Víctor Ramón, representante de Fuerzas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), señaló que la organización tiene identificado que del total de personas que registró como desaparecidas, 52 por ciento tiene entre 11 y 25 años de edad; 56 de ellas son mujeres, y 43 son menores de 18 años.
Agregó que durante la actual administración federal han sido ejecutadas 23 mil 600 personas sin que aún se sepa la cifra de desapariciones en este mismo lapso. Indicó que cada mes son asesinadas mil 700 personas, un promedio de 56 al día; lo que da un total de una persona asesinada cada 20 minutos.
De seguir así, observó el activista, el sexenio de Peña Nieto cerraría con 120 mil 500 ejecuciones y otras 26 mil desapariciones, con lo que la “tragedia humanitaria” sumaría más de un millón de ejecuciones y 60 mil personas desaparecidas.
=AJSE=
(CIMAC)
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