Foto: Voz Insurgentes
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) manifestó su preocupación por el Dictamen aprobado en las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados mediante el cual se aprueba la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, por constituir una medida que pretende “regular” no sólo el ejercicio del derecho a la libre manifestación, sino incluso otros derechos como el de libertad de expresión y el de petición y por constituirse como una regulación de carácter punitivo.
Las limitaciones que impone este dictamen al ejercicio de los derechos humanos en nuestra ciudad, emitió, constituye un riesgo para la consolidación del Estado democrático de Derecho, pues utiliza expresiones genéricas y ambiguas para restringir derechos de las personas que se manifiestan públicamente y deja abierto el margen de discrecionalidad de la propia autoridad, retomando conceptos prohibicionistas que no se ajustan a nuestra realidad social.
Incluso, advirtió, este dictamen pretende también regular los “contenidos” de las movilizaciones sociales, ya que establecen imperativos para regular las expresiones y contenidos que se podrán expresar en las movilizaciones sociales, imponiendo con ello una limitación para no presionar a las autoridades, cuando justo el objeto de una movilización social es la de llamar la atención de las autoridades para atender sus peticiones.
La parte más delicada de la propuesta que se está manejando, si es que se vota en el Pleno de la Cámara de Diputados, es que se trata de una acción legislativa de censura previa, se aseguró. Meterse en contenidos es censura previa y está prohibido en todos los estándares internacionales, no sólo en nuestro derecho interno.
Otra preocupación, manifestó, es la redacción del Artículo Sexto, que dice que en el ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión se tendrán limitaciones. «Es inverosímil esta regulación, porque el pensamiento es un acto interno que no puede tener limitaciones o restricciones además de imponer una censura previa a las expresiones emitidas en el ejercicio de la libertad de expresión. La Constitución y los instrumentos internacionales lo dicen claramente: ‘toda expresión tendrá responsabilidad posterior, no previa’”.
La iniciativa faculta a las autoridades a utilizar la fuerza y disolver una manifestación cuando algunas personas actúen de manera violenta. Esto vulnera la exigencia de proporcionalidad de las medidas tomadas por la autoridad, ya que una minoría que comete actos delictivos podría obligar a una disolución de una gran movilización, lo que violenta los derechos adquiridos en nuestra capital, aseveró
La CDHDF anunció se mantendrá atenta al proceso legislativo que se le dé a esta iniciativa, y en su momento estará presentando estas valoraciones y consideraciones del derecho internacional y de los derechos humanos ante el Senado de la República, además de que estará analizando los alcances y limitaciones en términos de las competencias del Congreso de la Unión para legislar en esta materia, donde el ámbito de espacio y de material en su aplicación atañe a las autoridades del Distrito Federal y a su ciudadanía.
=Mónica Muñiz=
(Con información de CDHDF)
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